“Alivio, alivio totalmente. Gracias a Dios, se cumplió”.

Estas fueron las primeras expresiones de Jenniffer Rivera, madre de Natalia Nicole Ayala Rivera, tras escuchar esta tarde la resentencia a Carlos Julián Maldonado Dávila, quien cumplirá dos años de prisión tras provocar el accidente que le cobró la vida a la joven atleta.

“Ellos tienen su hijo vivo, yo no. Ellos pueden ver a su hijo en una cárcel, mi hija yo la tengo que ver en un cementerio. Jamás se puede comparar con el dolor que nosotros estamos (pasando)”, lamentó Rivera, con un semblante sombrío desde el Centro Judicial de San Juan.

“Por lo menos, estamos bien contentos, porque ya se cierra un capítulo”, dijo, por su parte, Rolando Ayala, padre de Nicole.

En la Sala 1104, la defensa de Maldonado Dávila, el licenciado Pedro Sanabria, le pidió al Tribunal reevaluar la determinación, pues al ser una resentencia, alegó que a su cliente se le tenía “que aplicar todos los derechos que tenía” y considerar una “pena más razonable”.

Sanabria intentó abogar por Maldonado Dávila, aludiendo a que siempre “ha cumplido con todo”. También, sostuvo su argumento con el hecho de que el convicto no tenía expediente criminal previo y, en su sentencia inicial, cualificó para sentencia bajo probatoria.

“Lo normal, como él (Sanabria) siempre hizo: tratar de defender lo indefendible”, reaccionó Rivera.

Luego de la oposición “vehemente” del Ministerio Público, representado por la fiscal Fabiola Acarón Porrata-Doria, la jueza Nerisvel Durán Guzmán rechazó la petición de Sanabria, amparándose al Artículo 64 del Código Penal y, máxime, a que no podía modificarse la orden del Tribunal de Apelaciones que emitió una decisión final y firme de que Maldonado Dávila cumplirá dos años de cárcel y ocho de libertad condicionada.

“Estamos satisfechos, estamos satisfechos, no solamente con la determinación del Tribunal Apelativo, sino con el mandato que le da el tribunal sentenciador, que es el juez que ha emitido su sentencia en (la tarde) de hoy. Es una sentencia de dos años en cárcel, y el restante va a ser en libertad con unas condiciones bastantes restrictivas. Así que nosotros, al día de hoy, estamos satisfechas con esa determinación que hizo el Tribunal Apelativo en un momento dado con relación a este caso”, celebró la fiscal Fabiola Acarón Porrata-Doria, quien aseguró que, de considerarse la moción de Sanabria, la Fiscalía se opondría “vehementemente a esa solicitud”.

Sin más qué discutir, la magistrada le permitió a Maldonado Dávila expresarse ante el Tribunal, por última ocasión.

“Nada, primero quiero volver a pedir disculpas por los daños causados y el sufrimiento en ambas familias, porque ambas familias están sufriendo… Hay un Dios justo al que yo le creo. Sería todo”, dijo previo a bajar la vista hasta el suelo ante una sala repleta.

La familia de Nicole rechazó otorgar ese perdón.

“Que lo perdone Dios, nosotros no”, tronó Ayala.

“Si él creyera que hay un Dios justo, desde un principio se hubiera parado en el acto. Quién sabe si mi hija estuviese viva, pero no, él siguió y no quiso responsabilizarse por sus actos. Por eso, estamos pidiendo que (cumpla) se le haga cárcel por sus actos”, agregó Rivera.

Cuestionado por la prensa, Ayala confirmó que las autoridades no lo vincluaron con el ataque de balas que se suscitó contra Maldonado Dávila en el 2023 mientras transitaba en el expreso José de Diego PR-22, en dirección de San Juan a Bayamón.

“Durante esta semana estuvimos buscando unos documentos y salió a relucir de la investigación que yo no tengo que ver con el asunto”, apuntó.

Mientras, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, manifestó por escrito estar complacido con la modificación de la sentencia a Maldonado Dávila, “pues los hechos de este caso ameritaban una pena más severa”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de reclamar a nombre de las víctimas la aplicación de todas las normas jurídicas existentes para que todo convicto de delito reciba la pena que le corresponde”, expresó Emanuelli.

Lo que pasó

Según la investigación policiaca y lo que trascendió durante el juicio, los hechos ocurrieron el 5 de enero de 2022 mientras Ayala Rivera cambiaba una goma de su vehículo en la salida de la calle Calaf al expreso José De Diego (PR-22), en Hato Rey.

La víctima era asistida por su amigo, Carlos Adihl Sosa Bigio.

La joven, integrante del equipo de taekwondo de la Escuela de Deportes de San Juan, salió de trabajar en una tienda en el centro comercial Plaza Las Américas y compartió con amistades en un negocio cercano. Cuando salió rumbo a su hogar, a eso de las 11:20 p.m., se percató que tenía la goma derecha delantera vacía, presuntamente, porque había caído en un hoyo en la carretera.

Natalia Nicole llamó a su papá para pedirle ayuda, pero en ese momento su amigo Sosa Bigio detuvo su guagua frente al carro de ella para ayudarla.

Estacionaron los vehículos en el lado izquierdo de la vía, donde la línea del paseo de emergencias es más ancha, y quedaron de lado al tránsito. No obstante, mientras cambiaban el neumático, una guagua los embistió.

Sosa Bigio, quien recibió lesiones en la cadera izquierda y la pierna derecha, llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para pedir ayuda, pero ante la gravedad de la situación, optó por montar a su amiga en su guagua y llevarla al Centro Médico en Río Piedras.

Sin embargo, Ayala Rivera fue declarada muerta a las 4:47 a.m. del día siguiente.

El conductor del vehículo que ocasionó el accidente no se detuvo a ofrecer ayuda, ni brindó información sobre el suceso a las autoridades. Salió a relucir que esa persona era Maldonado Dávila, quien había intentado encubrir el accidente con una falsa declaración.

El 11 de agosto de 2023, Maldonado Dávila, quien fue director de la Oficina de Turismo de Barceloneta, fue hallado culpable por ocasionarle la muerte a Natalia al conducir negligentemente. También, por ocasionar daños físicos a una persona conduciendo negligentemente y no detenerse para ayudar a una persona, según disposiciones de la Ley 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

Originalmente, la jueza Durán Guzmán determinó el 9 de noviembre de 2023 que Maldonado Dávila no cumpliría cárcel, sino 10 años de sentencia suspendida.

El Departamento de Justicia se opuso a la sentencia, por lo que acudió el 11 de diciembre del 2023 al Tribunal de Apelaciones y solicitó la revisión de la decisión del Tribunal de Primera Instancia de conceder el privilegio de sentencia suspendida.

El Tribunal de Apelaciones acogió el planteamiento y concluyó que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción “al no considerar con más rigor los hallazgos presentados en el informe presentencia y las circunstancias que rodean los hechos del caso”.

Como consecuencia, modificó la sentencia emitida e impuso una pena fraccionada donde Maldonado Dávila cumpla dos años en reclusión en una institución penal.