La presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, aseguró hoy que los oficiales correccionales cumplieron con su deber al detectar las tres cajas de productos de limpieza que contenían 50 kilos de cocaína los cuales se encontraban en un almacén exterior de provisiones en la sección de mínima seguridad del complejo correccional Pedro J. Rodríguez Mateo “Las Cucharas”, en Ponce.

“Nosotros estamos primeramente sorprendido por la cantidad de droga que se ocupó, pero de la misma forma estamos orgullosos de la excelente labor que realizaron los oficiales correccionales de la institución mínima seguridad de Ponce, en donde cumplieron con su deber y con lo que está establecido en el procedimiento de que toda mercancía que entre a una institución penal debe ser debidamente registrada. Si nuestros compañeros hubiesen fallado en ese procedimiento posiblemente en el día de hoy las muertes de los confinados hubiesen aumentado hasta el triple”, reaccionó Martínez, en entrevista con Primera Hora.

Recalcó que esta es la primera vez que se incauta una cantidad tan grande de sustancias controladas.

Sobre las declaraciones de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, quien manifestó que la droga pudo haberse entregado por equivocación, la líder gremial dijo que “yo me voy en la línea de que fuera equivocado o no fuera equivocado, los oficiales correccionales hicieron el trabajo como lo tenían que hacer, de hacer el protocolo como se debe”.

De acuerdo con la información preliminar que conoce, estas cajas llegaron al almacén externo en el mismo complejo correccional hace más de una semana donde son recibidas por empleados civiles. Una vez se hace la requisición para solicitar el material o el equipo hacia otra de las siete instituciones que están activas, son inspeccionadas por los oficiales correccionales quienes se aseguran de que las cajas no contengan contrabando.

“Llega el suplidor al almacén, entrega y del almacén según la requisición que se realice por cada institución es que se le lleva el material o el equipo. Lo que alegan es que esa mercancía es que ya llevaba tiempo en ese almacén de Ponce. Se percatan cuando el compañero abre las cajas para verificar si realmente está la cantidad de cloro que debía estar allí, usualmente uno abre las cajas cuando llegan a las instituciones para verificar que la mercancía llegue completa, verificar que no tenga el contrabando. Él hizo el procedimiento como se debe hacer”, se reafirmó Martínez, quien no puede especular hacia quién iba dirigida esas sustancias controladas.

Según datos preliminares suministrados ayer por el director del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, el comandante Wilson Lebrón, el valor del contrabando se calcula en $1 millón al por mayor y sobre $3 millones al detal.

El hallazgo de la droga se produjo a eso de las 11:45 a.m. de ayer, martes, cuando un oficial correccional observó “algo inusual” mientras se acomodaban unas cajas de cloro y le dio conocimiento a un teniente, quien a su vez se lo notificó a la División de Inteligencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Cuando los agentes inspeccionaron las cajas con rótulos de Bio Cloro llamaron a la Unidad K-9 detectando olor a sustancias controladas.

La evidencia se trasladó a la Oficina del Superintendente del penal donde quedó bajo custodia mientras se coordinaba su traslado a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, donde se realizó la prueba de campo que arrojó resultados positivos a cocaína.

En total incautaron tres cajas en las que se creía era transportado detergente en polvo, dos de las cuales contenían 17 kilos cada una, un bulto negro y un pedazo de madera y la otra tenía 16 kilos y un pedazo de madera. Después de un registro en la institución penal no se encontró más droga, subrayó Lebrón.

“Esa cantidad de droga es la primera vez que se incauta sí se está investigando, las autoridades alegan que el cargamento no iba para una institución penal, que por la cantidad que se ocupó y nosotros estamos en la línea de que se hizo el trabajo como se debe hacer y se debe hacer en todas las instituciones penales para evitar la entrada de contrabando o cualquier descuido que lleve a la población penal sustancias o artículos que no son aceptados dentro de las cárceles”, puntualizó Martínez.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tomó jurisdicción de la pesquisa.

Mientras que, el Departamento de Corrección y Rehabilitación llevaría a cabo una investigación administrativa y el NPPR colaboraría con la agencia federal en la pesquisa si así se lo requieren.