La presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), Nydia Cotto Vives, informó este viernes que el grupo de constituye el panel determinó en la mañana de este viernes referir al alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, antes conocida como Comisión para Ventilar Querellas Municipales.

 De inmediato, se designó a la exjueza del Apelativo, Lourdes Velázquez Cajiga, como oficial examinadora del caso. Esta deberá redactar un informe sobre el arresto federal del alcalde y las recomendaciones de acciones correctivas que el panel debe tomar.

 “Tan pronto el panel reciba ese informe, entonces, procederemos a evaluarlo y a emitir la resolución correspondiente”, explicó en entrevista radial (NotiUno).

Relacionadas

  1. Refieren al alcalde de Río Grande al Panel del FEI

  2. Alcalde de Río Grande amenazó de muerte a testigos en su contra

La presidenta del FEI comentó que entre las determinaciones que podrían tomar está suspender al alcalde de empleo y sueldo, o simplemente retirarle beneficios que se le conceden como alcalde, como el celular y el auto oficial.

 Este referido a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario a Rivera Correa se hizo luego de que el Panel del FEI recibiera una carta del Departamento de Justicia y el expediente criminal federal, el cual fue remitido por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

 Rivera Correa fue arrestado el jueves en su hogar por corrupción pública.

 Según la acusación federal en contra del alcalde, entre febrero de 2010 y febrero de 2012 el alcalde recibió aproximadamente $39,000 en pagos en efectivo de una persona identificada en la acusación como "Contratista A".

Los pagos que hacía este contratista a Rivera Correa eran con la presunta intención de influenciar los negocios que realizaba con el municipio. Uno de los contratos por inspección de trabajos de construcción fue por $98,000 y otro por $171,000, e incluían la posibilidad de renovaciones futuras.

Rivera Correa supuestamente intentó extorsionar al contratista y le exigió $4,000 en efectivo para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con el municipio de Río Grande.