El alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, se declaró culpable por corrupción esta tarde tras llegar a un acuerdo con las autoridades federales.

El funcionario aceptó la culpa durante una audiencia virtual ante la jueza federal Silvia Carreño-Coll. Cuando le preguntó cómo se declaraba, Cintrón Suárez expresó: “Con profundo pesar, culpable”.

El fiscal federal Seth Erbe indicó que acordaron una recomendación de sentencia de 46 años de prisión, pero la jueza advirtió que el máximo es de cinco años de cárcel.

Mientras, la jueza autorizó a que quede en libertad condicionada con una fianza de $10,000 “no asegurada”, lo que significa que no tendrá que pagarla en efectivo, sino que la representa a través de una firma y no tendrá que pagarla si cumple con las reglas que le imponga el tribunal.

Representado por la abogada María Domínguez, el alcalde informó que renunció a su derecho a ser acusado por un gran jurado federal y permitió ser procesado mediante una denuncia de la fiscalía federal, en lo que se conoce como un “information”.

La denuncia de las autoridades federales lo acusa de participar en un esquema de sobornos y comisiones ilegales.

Las alegaciones en su contra son similares a las que se han declarado culpables otros alcaldes recientemente por esquemas de corrupción y enriquecimiento ilícito a través de contratos con compañías.

El fiscal explicó que durante su mandato como alcalde de Guayama, entre el 2013 y 2021, mantuvo “una conspiración para aceptar algo de valor” para ser “influenciado” para realizar “una transacción de negocios con un valor mayor a los $5,000″, lo que es una violación a los estatutos federales.

Erbe explicó que, según la investigación, en el 2013 Cintrón Suárez llegó a un acuerdo con un individuo “para recibir comisiones ilegales de $1 por cada pie cuadrado de asfalto” que la compañía de esa persona aplicara en las vías públicas, a cambio de que el municipio le otorgara el contrato.

Agregó que como alcalde “aprobó varios contratos a la Compañía A a cambio de pagos del Individuo A”.

Dijo que también “aprobó facturas de pagos del Municipio de Guayama a la Compañía A, a cambio de las comisiones ilegales”.

Asimismo, el fiscal indicó que en ese tiempo Cintrón Suarez recibió al menos $40,000.

A petición de la jueza, el fiscal explicó que de haber ido a juicio, el Ministerio Público hubiera probado los cargos a través de testigos, así como con prueba física y documental, para demostrar de que “a sabiendas acordó y conspiró para solicitar y aceptar del Individuo A cosas de valor para ser influenciado”.

Sin embargo, Erbe no detalló en qué consistía esa prueba. De hecho, el fiscal dijo que ni si quiera hicieron un descubrimiento de prueba a la defensa de Cintrón Suárez.

Según la abogada de la defensa, de parte de la fiscalía sí recibieron la información necesaria para discutir con su cliente y llegar al acuerdo.

Hace apenas unas dos semanas, El Nuevo Día reportó sobre el silencio del ejecutivo municipal ante reportes de que renunciaría a la alcaldía en medio de investigaciones por las autoridades federales.

En aquel momento negó que fuera a renunciar, pero hoy, cuando hablaban de que se le permitiera quedar libre sin tener que pagar una fianza en efectivo, su abogada dijo en la vista que no tiene intención de escapar y como evidencia destacó que no ha escapado pese a que Cintrón Suárez “hace varias semanas sabe de esta investigación” en su contra.

Como consecuencia de su declaración de culpabilidad, Cintrón Suárez fue destituido de la presidencia del comité municipal del Partido Popular Democrático y de la Junta de Gobierno, anunció el secretario general de la colectividad, Ramón Luis Cruz Burgos.

“Mi llamado es a que renuncie a la alcaldía para que de paso a un proceso de elección en este municipio como lo establece la ley”, añadió.

El presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, expresó entre líneas que Cintrón Suárez debe presentar su renuncia.

“Todos los líderes del PPD, sean alcaldes o legisladores, o exfuncionarios públicos que estén implicados en actos de corrupción y hayan sido acusados por las autoridades locales o federales deben renunciar inmediatamente a sus posiciones políticas y a los cargos públicos que ostentan. El PPD debe continuar siendo la columna moral de Puerto Rico y mientras yo presida esa institución aplicaré todas las disposiciones reglamentarias que sean necesarias”, aseveró en declaraciones escritas.

De igual forma, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, solicitó la renuncia de Cintrón Suárez.

“Según informan los medios de comunicación, el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, se ha declarado culpable por corrupción ante el Tribunal Federal. Al momento no tenemos los datos sobre el caso, ya que la vista ante la jueza Sylvia Carreño Coll comenzó a la 1:30 de la tarde. No obstante, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reitera su más enérgico rechazo a la corrupción. De acuerdo al Código Municipal vigente, el alcalde Cintrón deberá renunciar a su posición para activar el procedimiento de nombramiento de un nuevo alcalde. Por parte nuestra, nuestra solidaridad con el pueblo de Guayama y particularmente con los servidores públicos municipales, a quienes exhortamos a continuar trabajando como de costumbre para que los servicios sigan su curso normal”, indicó.

Mientras, a principios de esta semana, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) determinó este martes concluir y archivar la investigación que conducía sobre supuestas actuaciones ilegales del alcalde y la directora de Finanzas de ese ayuntamiento, Lilliarn D. Rodríguez López.

“En la resolución del panel se explica sucintamente que este caso se originó con una querella anónima sometida al Departamento de Justicia de Puerto Rico, que adujo violaciones de ley relacionadas con la otorgación de un contrato, a una compañía privada, para el recogido y disposición de desperdicios sólidos. Esto, sin que se realizara una subasta y sin el referido correspondiente a la Legislatura Municipal”, sostuvo la Opfei.