No habían pasado ni dos horas de culminada una conferencia de prensa en el que el secretario de del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, anunciaba una nueva pesquisa por fraude y evasión contributiva e hizo un llamado a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para aunar esfuerzos y dar paso a una serie de talleres de capacitación a los jueces que atienden estos casos criminales, cuando se anunció que el juez Glenn Velázquez del Tribunal de San Juan no encontró causa para arresto contra el matrimonio de empresarios vinculados a los señalamientos de delitos.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el secretario quien alegó estar sorprendido en “sobremanera” con la decisión del tribunal, al tiempo que sostuvo que tanto Hacienda como Justicia tienen bases sólidas para probar el caso contra el matrimonio compuesto por Antonio Cruz Batista y Evelyn Torres García - propietarios de las empresas Modern Homes Gallery Inc. y JLGA Construction LLC. Puntualizó que así lo demostrarán en una vista en alzada pautada para el 27 de noviembre donde se disponen a presentar nuevamente los ocho cargos criminales “con pruebas suficientes” de violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

“A mí me hiere mucho la retina y me duele en mi corazón y en mi alma cuando la primera conversacion que se tiene en el procesamiento de estos casos criminales en el tribunal es que las partes lleguen a un acuerdo”- Francisco Parés Alicea

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Por su parte, el abogado de la pareja, Eladio Malavé, aseguró a este medio que los intentos del Estado serán fallidos pues, aun cuando hay muchos documentos para análisis, ninguno cuenta con el “quantum de cintila de evidencia” que se requiere en esta primera etapa de los procedimientos criminales.

“Este resultado es lamentable, pero me impulsa aún más a reiterar el llamado que he hecho, tanto públicamente como por escrito a la Administración de Tribunales, para que coordinemos talleres de capacitación sobre temas contributivos, de manera que los jueces estén mejor orientados al momento de evaluar y adjudicar estos casos. Es muy triste que los esfuerzos que realizan los peritos del Departamento de Hacienda y los fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia se vean frustrados en ocasiones ante las determinaciones de algunos jueces al momento de evaluar y adjudicar la prueba. Las violaciones al Código de Rentas Internas por evasión y fraude contributivo son delitos que tienen el mismo peso que cualquier otro delito de naturaleza criminal. Me rehúso a ser un secretario de Hacienda que funja como mero espectador ante las inequidades sociales que promueven las conductas de personas como estas sin que tengan consecuencias. Yo vine a esta agencia a hacer las cosas distintas y eso es lo que la gente espera de mí”, reaccionó Parés Alicea cuando supo el desenlace de la vista en la que el juez Velázquez determinaría si había causa para arresto contra la pareja.

Poco antes, portavoces de Justicia y Hacienda habían revelado las incidencias que rodean la pesquisa de fraude y evasión contributiva contra el matrimonio al que señalaron de dejar de reportar más de $1.4 millones en los ingresos de planillas de los años 2020 y 2021.

“Aunque diferimos, respetamos la determinación del tribunal. La Fiscalía tiene prueba más allá de duda razonable para probar este caso. Por lo que solicitamos la celebración de una vista en alzada para presentar los cargos nuevamente, como procede en derecho”, puntualizó la jefa de fiscales Jessika Correa.

Durante la conferencia de prensa se explicó que lo que levantó bandera de que había una posible comisión de delitos criminales fue la revisión de depósitos bancarios y documentos - a los que Hacienda tiene acceso gracias a la tecnología- donde se sospechó que la pareja recibía cantidades sustanciales de dinero, sobretodo en efectivo, que no reportaron en sus planillas.

“De manera premeditada, intencional y voluntaria no incluyeron todos sus ingresos en las planillas de Contribución Sobre Ingresos, personales y corporativas, correspondientes a los años 2020. Tampoco radicaron las planillas del año 2021, con el fin de evadir y derrotar el pago de contribuciones al Departamento de Hacienda y así defraudar al gobierno de Puerto Rico”, leía la denuncia presentada ante el tribunal por la fiscal Ileana Martínez Rosado de la División de Delitos Económicos que dirige el fiscal Rodney Ríos Medina.

Secretario de Hacienda encara a Tribunales

Las declaraciones públicas fueron eje también de una serie de señalamientos por parte del secretario de Hacienda, quien aprovechó la ocasión para solicitar a la Administración de Tribunales aunar esfuerzos para que las consecuencias en este tipo de casos sean más punitivas.

“Si me preguntan si estamos en el nivel óptimo en el procesamiento de estos casos para lograr un Puerto Rico mucho más equitativo, la respuesta es que queda mucho por recorrer”, comentó Parés Alicea.

Pero, ¿qué lo tiene decepcionado?, le preguntó Primera Hora.

“Mensajes en las salas de tribunales como “nadie va preso por una deuda contributiva” a mi juicio lo que denota es desconocimiento de lo que es la parte civil de lo que es la parte criminal”, respondió el funcionario al insistir en que las convicciones entre los acusados de este tipo de delitos deben tener “consecuencias”. El secretario no mencionó nombre de la juez o jueza que hizo el comentario, en cambio, en redes sociales hay reacciones del funcionario que aluden al tema y que se circunscriben al caso que se llevó a cabo Justicia contra Waldemar Santos Flores (Waldy Off Roads), quien resultó culpable por cuatro cargos de violación al Código de Rentas Internas en un procedimiento que dirigió la jueza Nerisvel Durán. En este caso el hombre fue sentenciado a seis años de probatoria y parar $2,000 al erario como pena de restitución.

¿Entiende que debe haber penas más punitivas más allá de sanciones en tribunales?, inquirió Primera Hora.

“A mí me hiere mucho la retina y me duele en mi corazón y en mi alma cuando la primera conversación que se tiene en el procesamiento de estos casos criminales en el tribunal es que las partes lleguen a un acuerdo. Me duele muchísimo porque nos hace aún más cuesta arriba lograr un Puerto Rico más equitativo. No sirve de disuasivo cuando la primera conversación es que las partes lleguen a un acuerdo como si lo que se estuviese llevando es exclusivamente el daño económico con el impago. Hay unas consecuencias que van mucho mas allá”, expresó.

En el caso contra el influencer Jorge Christian Batista Agront, acusado de defraudar al fisco por unos $7.6 millones en contribuciones, intereses, y penalidades no pagadas al gobierno, la jueza del caso -que también tuvo como magistrada a Durán- insistió en que hubiera un acuerdo entre las partes, aun cuando la fiscal del caso Kristia Díaz, fue puntual e insistió en que el Ministerio Público estaba preparado para ver el juicio en su fondo. Finalmente, sí hubo un acuerdo y Agront se declaró culpable, pero no cumplirá pena en cárcel.

Primera Hora solicitó a Hacienda través de la Ley 141 de Transparencia los documentos que evidencian que el secretario ha hecho acercamientos con Tribunales para redirigir esfuerzos sobre el tema contributivo en la isla. La misiva, entregada a este diario y con fecha del 14 de abril de 2023, confirma las expresiones de Parés Alicea. De hecho, se alude a una conversación sobre el asunto con el director administrativo de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa, en el que se le reitera la importancia de proveer orientación adecuada a los miembros de la Judicatura sobre aspectos contributivos que hay en el ordenamiento.

Mientras, OAT respondió la petición el 3 de mayo de 2023, según pudo confirmar la oficina de prensa de la administración. En su respuesta, Steidel Figueroa, dijo estar en buena disposición de coordinar actividades de capacitación a los jueces y juezas. En cambio, no se ha dado un solo taller colaborativo entre las partes.

“La función de los jueces es resolver los casos y controversias a la luz del derecho y de la prueba que se presenta en sala. Su rol es de imparcialidad frente a las partes independientemente de que se trate de un caso civil o penal. Si un juez considera que no existe causa probable para emitir una orden de arresto es su deber ministerial así determinarlo y claro está, la parte inconforme con esa decisión tiene a su disposición los mecanismos que las reglas procesales establecen para ello. Por tal razón, la inconformidad que pueda tener el Secretario de Hacienda con las determinaciones que se han tomado hoy debe ser canalizada por los medios que muy bien conoce el Departamento de Justicia”, dijo Steidel Figueroa en declaraciones escritas a este diario.

“Aun cuando estamos en la mejor disposición de coordinar junto al Departamento de Hacienda cursos de formación en temas contributivos para nuestra judicatura, tal y como se lo he expresado personalmente y por escrito al Secretario de Hacienda, aclaro que la capacitación de nuestros jueces y juezas es continua y diversa”, agregó.

Mientras, la expresidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, Cecilia Colón, reaccionó en X (antes Twitter) a unas expresiones sobre lo acontecido que hizo el secretario Parés Alicea y afirmó lo siguiente: “El Colegio de CPA ha ofrecido a la Administración de Tribunales seminarios para adiestrar a los jueces en temas técnicos contributivos de forma gratuita. Sin embargo, no han aceptado dicho ofrecimiento”.