El gobernador Pedro Pierluisi expresó su preocupación por la impunidad con la que delincuentes armados planifican sus ejecuciones, como ocurrió durante la madrugada de hoy en la comunidad La Perla en el Viejo San Juan, cuando pandilleros que se hicieron pasar por policías fueron sorprendidos por agentes del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, cuando se presume iban a cometer un asesinato.

Durante la madrugada, los agentes se disponían a diligenciar órdenes de allanamientos y arrestos por trasiego de sustancias controladas cuando observaron a lo lejos -en un área oscura- a una decena de hombres rodeando una residencia e identificándose como policías, mientras llamaban por su nombre a alguien que se presume vivía allí.

Los pandilleros, que vestían con ropa negra, pasamontañas y estaban fuertemente armados, corrieron por los callejones cuando llegaron los agentes y, a su paso, soltaron al menos cinco rifles y ocho pistolas.

Solamente se logró detener a dos de ellos, pero no se ha revelado a qué organización pertenecen o si alguno de los cabecillas figura entre el dúo.

No obstante, el Primer Ejecutivo intentó enfocar el asunto de manera positiva al exponer que se evitó que ocurrieran actos violentos ya sea hacia la ciudadanía o contra los policías que integraban una de las iniciativas del Plan de Seguridad 100X35, se ocuparon armas de fuego y lograron el arresto de los dos sospechosos, quienes no eran los objetivos que buscaban los uniformados.

“Estas organizaciones criminales son las que están generando la violencia en Puerto Rico y lo que pasó hoy, que no fue planificado, es preocupante. O sea, 10 personas armadas con chalecos antibalas en La Perla, básicamente reclamando la presencia de alguien que, a todas luces, iban a ejecutar. Gracias a Dios que estaba la Policía llevando a cabo su operativo en La Perla y se percató de la situación y evitamos con toda probabilidad un asesinato. También gracias a Dios que no hubo un altercado directo entre la Policía y estas 10 personas armadas”, sostuvo Pierluisi durante una conferencia de prensa.

Así mismo, explicó que este tipo de intervención no va dirigida hacia los usuarios de sustancias controladas, sino contra los grupos de delincuentes dedicados al trasiego de drogas en la isla, sin dudar que eventualmente van a arrestar a los ocho sospechosos que restan.

Mientras que, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, reveló que se investiga si los detenidos están vinculados con otros casos de secuestro y asesinato cometidos recientemente por criminales vestidos como policías.

También el funcionario reaccionó sobre la desconfianza que genera en la ciudadanía la proliferación de estos casos de policías fatulos, sobre cómo proceder a la hora de una intervención o de que llamen a su puerta.

“Van a identificar a mis policías cuando van a diligenciar órdenes de arresto debidamente uniformados, mostrando su identificación. Esto no viene de ahora, esto viene de décadas cuando se identificaban como policías para cometer actos delictivos, pero créame que... Puerto Rico puede estar seguro de que mis policías están haciendo su trabajo y al momento de intervenir o hacer un registro y allanamiento van a saber que se trata de policías reales”, puntualizo López Figueroa.

A lo que iban

El Departamento de Justicia dio a conocer hoy que se presentaron 42 cargos en ausencia contra 18 miembros que pertenecen al grupo que operaba en La Perla, por la venta de cocaína y marihuana a agentes encubierto, de los cuales se capturaron 12 los cuales no eran en su mayoría residentes de esa comunidad sino de Bayamón.

La jueza Ileana Blanco Maldonado expidió las órdenes de arresto con una fianza global de $510,000.

Sobre las medidas que se están tomando ante la gran cantidad de armas ilegales ocupadas en las calles, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, reiteró que laboran junto a las agencias federales, como la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) porque son los que tienen la jurisdicción en los aeropuertos, muelles y en el servicio postal que es por donde mayormente se trafica.

“Definitivamente, vamos a coordinar con las agencias de ley y orden federal. En el día de hoy esto es un resultado que, aunque se impacte la calle, se impacta a las diferentes organizaciones ya estando las armas de fuego en Puerto Rico, pero de la misma manera tenemos unos grupos que están mirando los correos y los contenedores”, subrayó Torres.

La violencia rampante estuvo matizada también por tiroteos ocurridos esta madrugada en el residencial Luis Llorens Torres en Santurce y anoche en la urbanización Juan Ponce de León en Guaynabo, donde sicarios dispararon a mansalva dejando una estela de decenas de casquillos de rifles y de pistolas sin el saldo de heridos o muertes, aunque causando terror entre la ciudadanía que no está vinculada con actos delictivos.

Estos brotes de violencia aseguraron que están integrados en sus estrategias anticrimen.

Se informó que, en los pasados cinco días, realizaron tres operativos simultáneos que dejaron un saldo de 84 personas arrestadas, ocuparon 44 armas de fuego divididas en 10 rifles y 34 pistolas, 2,000 municiones, $133,000 en efectivo y 1,111 kilos de cocaína, entre otras sustancias controladas.

Nueva modalidad

El gobernador anunció que una las redadas estuvo dirigida a desactivar las operaciones de cinco individuos que usaban las redes sociales para mercadear la venta de marihuana y acordar las entregas a domicilio o en lugares públicos.

Algunos de estos vendedores llegaron a sus entregas en vehículos marcas Lexus y Acura, entre otros. Durante la operación se confiscaron seis vehículos de motor.

Una de las investigaciones arrojó que los imputados usaban las secciones de historias personales de los medios digitales para anunciar los distintos tipos de marihuana disponibles en su menú y la fecha y el lugar de la entrega.

Al completarse la venta, el comprador recibía por la plataforma digital WhatsApp instrucciones específicas, que incluían cómo llegar a recoger la mercancía, dónde estacionarse, y aspectos tales como evitar mirar el rostro de la persona que le entregaba la droga.

A este grupo, la División de Crimen Organizado de Justicia presentó 10 cargos en ausencia ante la jueza Raiza Cajigas Campbell. Esta encontró causa por todos los cargos imputados y les fijó una fianza global de $50,000, expidiendo las órdenes de arresto.

“En estos operativos se busca desmantelar todas las modalidades de las organizaciones criminales que trafican drogas, desde los puntos de venta tradicionales hasta las nuevas maneras de mercadeo que están surgiendo, tales como la utilización de las redes sociales. Nuestro componente de ley y orden está activo y utilizando herramientas modernas e innovadores para seguirle el rastro a estos criminales”, sostuvo el gobernador.

En total se diligenciaron 31 órdenes de arrestos contra individuos a los que se les radicaron 68 cargos por narcotráfico, en la comunidad Ojo de Agua en Vega Baja, el barrio Sabana Seca en Toa Baja y el barrio Amelia en Guaynabo. El total de arrestos no fue provisto.

De otra parte, mediante confidencias los agentes ocuparon 16 kilos de cocaína, magazines y armas de fuego y dinero en un apartamento abandonado y en un vehículo del residencial Luis Llorens Torres en Santurce, tras acudir a la llamada de alerta sobre el tiroteo ocurrido esta madrugada.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, agregó que como resultado del Plan 100X35 se han arrestado a 5,000 de “gatilleros y criminales”, con el resultado de un 98% de convicciones y en los casos generales de un 93%.

La presentación de cargos es el resultado de investigaciones lideradas por la División de Crimen Organizado del DJ, que dirige el fiscal Héctor L. Siaca Flores, y la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales de la Policía, bajo el mando del teniente coronel Carlos H. Cruz Burgos. En estos procesos también participaron los fiscales Alberto Miranda Schmidt, Diannette V. Aymat Frías, Andrés Pérez Correa, Leilany Vargas De la Paz.