Apenas poco más de cuatro horas le tomó al jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres encontrar a la empleada doméstica Aida de los Santos Pineda no culpable por unanimidad del asesinato de su jefa Georgina Ortiz Ortiz, veredicto con el que se puso fin al controvertible y comentado juicio que arrancó el pasado 20 de marzo.

El jurado, que comenzó a deliberar en la noche del miércoles y concluyó en la mañana de este jueves, encontró a la mujer de nacionalidad dominicana no culpable, también por unanimidad, del otro cargo en su contra por violación a la Ley de Armas.

Tan pronto la secretaria de la sala 1105 del Tribunal de San Juan terminó de leer la decisión, De los Santos, que escuchó el veredicto al lado de sus abogados Aarón Fernández Flores, Lucille Borges Capó, Juan Nevárez García y Jesús Peluyera Santiago, irrumpió en llanto. Poco después se abrazó al licenciado Fernández Flores, cuyo rostro también se llenó de lágrimas.

 En el salón de sesiones, fuertemente custodiado por unos 16 alguaciles, varias mujeres comenzaron a llorar tras conocer el veredicto.

De inmediato, la jueza Eloína Torres Cancel ordenó la excarcelación de De los Santos, de 58 años, quien se encontraba en la Isla bajo un permiso especial de la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La decisión del jurado provocó que los hombres y mujeres dominicanas que acompañaron a De los Santos durante el proceso se congregaran jubilosos en el pasillo del piso 11 del Tribunal de San Juan.

Tras conocerse el veredicto, la fiscal Elba Acevedo Pérez, quien representó al ministerio público junto a la fiscal Ítala Rivera Buonono, aceptó la decisión del panel de juzgadores.

"El jurado ya habló. Respetamos su decisión", apuntó escuetamente la fiscal.

Los abogados de la empleada doméstica, entretanto, se expresaron complacidos con la determinación del jurado y al mismo tiempo pidieron que continúe la investigación de la muerte de Ortiz Ortiz para que se haga justicia para la víctima.

"Se podía ver que en este caso había una ausencia de prueba, una ausencia de motivación y se pudo ver la injusticia en el sistema. Creo que eso quedó claro", afirmó Fernández Flores a su salida de la sala 1105.

"Aquí hay una petición, una demanda de que en este caso no se queden aquí las cosas. En este caso hay unos asesinos sueltos y el sistema tiene que continuar incansablemente hasta que haga las cosas bien como las tiene que hacer y encauzar a los verdaderos responsables y le haga justicia a doña Georgina Ortiz", agregó.

Borges Capó, por su parte, enfatizó en que De los Santos Pineda siempre confió en la sabiduría del pueblo para juzgarla.

"Quiero dejarle saber que Aida nunca desconfió de Dios y que solicitó que fuese un jurado, el pueblo, que decidiera sobre su inocencia o culpabilidad. Es doblemente drenante defender los intereses de una persona cuando uno busca una justificación para cometer el delito y no la encuentra. Aquí no era que Aida no ganaba nada, aquí era que Aida lo perdía todo", indicó la abogada.

Los hijos de Ortiz Ortiz, Luis y José, y su sobrina Lisa Colón no estuvieron presentes en sala y tras gestiones de este medio por conseguir una reacción al veredicto, declinaron realizar comentarios.

Las autoridades acusaron a De los Santos Pineda de supuestamente asesinar a Ortiz Ortiz, de 72 años y esposa del exjuez Carlos Irizarry Yunqué, en concierto y común acuerdo con otra persona que nunca se ha identificado.

Pero, durante el juicio la evidencia demostró que debajo de las unas de la víctima había material genético de más de un hombre.

Además, durante el proceso criminal trascendió información que parece implicar al exjuez en la muerte de su esposa. Por ejemplo, la agente investigadora Ormarie Roque ofreció una declaración jurada para ocupar la guagua de Irizarry Yunqué en la que consignó que las autoridades pensaban que el vehículo pudo haber sido utilizado para transportar a la persona o las personas que asesinaron la mujer.

Un hijo de la víctima también vinculó al exjuez con la muerte de su mamá.

La tarde del 17 de agosto de 2010, Irizarry Yunqué encontró el cuerpo de su esposa en el suelo del apartamento que compartían en el condominio Laguna Terrace en Condado. Pese a que encontró el cuerpo y fue una de las últimas personas que la vio con vida, el ministerio público nunca lo presentó como testigo en el proceso criminal.

Ese silencio y la evidencia que consignaba que entre la pareja existían problemas maritales y de dinero se convirtió en una de las puntas de lanza para la defensa de la empleada doméstica.