Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) allanaron una residencia en Miramar (San Juan) durante la mañana de este viernes, confirmó Limary Cruz Rubio, portavoz de prensa de la agencia.

La orden de allanamiento se da en búsqueda de evidencia como parte de una investigación, indicó.

Al ser una investigación en curso, las autoridades federales no pueden divulgar detalles sobre el caso por el momento.

“Los allanamientos deben pasar por el crisol de un magistrado, que entiende que después de que se ha realizado un trabajo investigativo, hay suficiente evidencia para creer que si se entra en algún sitio se va a encontrar mayor evidencia o evidencia contundente. El magistrado lo aprueba y nosotros (el FBI) ejecutamos la orden”, explicó la funcionaria.

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“Legalmente no podemos decir quién es el objetivo ni de qué se trata la investigación para evitar causar daños”, agregó. “La misión del FBI es proteger al pueblo y defender la Constitución. Tenemos que trabajar dentro del marco de la Constitución y naturalmente eso implica proteger el derecho de toda persona”.

Desde el pasado martes, agentes de diversas agencias federales se han tirado a la calle en varias zonas de la isla. Ese día allanaron la Fundación Michele Vasarely en el Viejo San Juan, de donde extrajeron obras valoradas en millones de dólares.

El miércoles llevaron a cabo un monumental operativo para desmantelar una ganga vinculada al narcotráfico que operaba desde el 2015 en San Germán y zonas limítrofes.

Según la Fiscalía federal, 63 personas fueron acusadas el pasado 3 de abril por conspirar para poseer y destruir heroína, crack, cocaína, marihuana, fentanilo, Percocet y Xanax. Ocho también fueron acusados de posesión de armas de fuego para promover un delito de narcotráfico. La ganga operaba mayormente en los residenciales públicos Manuel F. Rossy y El Recreo en San Germán.

El jueves agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) diligenciaron varias órdenes de arresto contra una organización sospechosa de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Se alega que los 14 acusados acordaron realizar más de $5 millones en transacciones financieras relacionadas con ganancias de drogas. Se presume que parte de ese dinero se transfirió a Colombia y Canadá.