La Policía de Puerto Rico deberá pagar $60,000 y acreditar 30 días de vacaciones por su inacción en atender el reclamo de la agente Yolanda Carrasquillo, quien fue víctima de acoso laboral por racismo y religión, y cuya demanda fue presentada por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal.

La determinación se tomó mediante un acuerdo entre las partes, se informó este martes. 

La acción legal, presentada el 22 de julio de 2013 ante la consideración del juez federal Francisco A. Besosa, destacaba que la agente que labora como oficial de patrullaje desde 1993 "fue acosada en el trabajo por su color de piel y su religión" por parte de la secretaria Sandra Alvino, quien supuestamente le hacía "comentarios inapropiados y denigrantes", incluso frente a sus supervisores, que no tomaron las medidas correctivas correspondientes. Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2010, según la demanda.

Los supervisores durante ese tiempo fueron identificados en el proceso judicial como el capitán Héctor Figueroa; el teniente Juan Cortez; el capitán Rafael Mercado; el capitán Israel Vázquez; y la capitana Jazmín Pérez.

Se alega en la demanda que Alvino le hacía comentarios como: "Ustedes, maldita gente negra", "Maldita mujer negra", "Monos negros sucios", "Bestias salvajes", entre otros.

 También hizo expresiones en contra de su religión, como: "Ustedes los cristianos son todos iguales"; "Maldita sea la madre de Dios"; entre otros.

Se detalla también que la agente tuvo una discusión con la secretaria en octubre de 2009, cuando supuestamente Carrasquillo le dijo a Alvino que era una racista, y la mujer le contestó: "Todo el tiempo", y le manifestó que "se creía santa por ser cristiana y (por) siempre esconderse detrás de la Biblia". 

En ese momento, se menciona que su supervisor era Vázquez, quien supuestamente le dijo a Alvino que tomara unos días de vacaciones y supuestamente castigó a Carrasquillo al cambiarla al turno nocturno.

En noviembre de 2009, Carrasquillo envió una carta al Cuartel General reportando la situación y la misma fue recibida por la Comisión de Derechos Civiles y la de la División Legal.

La demanda originalmente solicitaba que se le devolviera $300,000 y ordena un remedio por el incumplimiento por parte de la Policía de Puerto Rico, al no tomar acciones correctivas necesarias. 

En el decreto de consentimiento de las partes, se acordó la suma de $60,000 y que la Policía revisará su política anti-discriminatoria, además de entrenar a empleados al respecto y sobre la Reforma Policiaca acordada el 17 de julio de 2013, cuyo propósito es atajar el problema de violación de derechos civiles a los ciudadanos.

"Este acuerdo es otro paso adelante para lograr las reformas necesarias en la Policía de Puerto Rico para asegurar que tomen las medidas necesarias para proteger los derechos de sus empleados. A través de este decreto de consentimiento, el Departamento de Justicia continúa protegiendo los derechos de los trabajadores en su lugar de trabajo libre de hostigamiento por razón de su raza, color o religión", manifestó la fiscal a cargo de la División de Derechos Civiles, Vanita Gupta.

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