El agente investigador Simón Rosa ocupará esta tarde la silla de los testigos en la vista preliminar que se sigue contra Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como el Manco, imputado por la muerte del niño Lorenzo González Cacho.

Rivera Seijo, de 37 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, por supuestamente asesinar al niño de 8 años en medio de un escalamiento a la residencia en la urbanización Dorado del Mar que compartía con su mamá Ana Cacho y sus dos hermanas la madrugada del 9 de marzo de 2010.

Ayer, jueves, el agente Rosa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía y quien formó parte del Task Force del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) estuvo en la sala del Carlos Salgado Schwarz, del Tribunal de Bayamón, pero no declaró porque el testimonio de la investigadora forense Wanda Candelaria ocupó toda la tarde.

Con el testimonio del agente, el Ministerio Público debería ofrecer una cronología completa de la pesquisa, que se extendió seis años y que inicialmente descartó a Rivera Seijo como sospecho del crimen.

Rosa también tendrá la complicada tarea de explicar el cambio de orientación de la investigación criminal, que inicialmente encabezó la fiscal Wanda Casiano bajo la tutela del fiscal general Obdulio Meléndez.

El agente investigador es el décimo testigo de cargo de la vista preliminar que hoy entra en su octavo día de desfile de prueba.

Los fiscales Mario Rivera Géigel, Aracelis Pérez Correa y Maricarmen Rodríguez Barea han anticipado que sentarán a declarar a unos 18 testigos en esta etapa del proceso.

Ayer los fiscales finalmente ubicaron a Rivera Seijo en la casa de Lorenzo, mediante prueba circunstancial.

La investigara forense declaró que el 9 de marzo de 2010 observó en el patio de la casa de Lorenzo una bolsa desechable, que las autoridades no ocuparon ese día cuando investigaban la muerte del niño como un accidente.

Pero la bolsa fue ocupada al día siguiente, 10 de marzo, cuando las autoridades y los investigadores forenses regresaron al lugar en busca de evidencia adicional luego de que el patólogo Carlos Chávez determinó que la muerte de Lorenzo se trataba de un homicidio.

Según Candelaria, en la bolsa había una pasta de diente, un cepillo dental y papeles de Tribunal General de San Juan que pertenecían a Rivera Seijo.

A inicios de marzo del 2010, Rivera Seijo estaba sumariado en la Cárcel Sabana Hoyos, de Arecibo, por un cargo de tentativa de asesinato y una violación a Ley de Armas por agredir al deambulante Oscar Pacheco García, quien falleció en el Centro Médico unos días después de la agresión.

Pero fue dejado en libertad por error cuando el Ministerio Público solicitó el archivo del cargo de tentativa de asesinato y la violación a la Ley de Armas tras la muerte de Pacheco García, para presentar el mismo día nuevas denuncias en su contra por un cargo de asesinato y una violación a la Ley de Armas.

El sexto testigo de cargo, Juan Vázquez, declaró que transportó a Rivera Seijo desde la cárcel de Sabana Hoyos a un centro comercial en Dorado cercano a la casa de Lorenzo la noche del 8 de marzo de 2010.

Los abogados Mario Moczó González, Jesús Hernández Rivera y Lester Arroyo Crespo, de la Sociedad para la Asistencia Legal, representan a Rivera Seijo.

Moczó González ha indicado a la prensa que su representado es inocente y que no se encuentra procesable en este momento.

En la vista para determinar causa para arresto y al inicio de esta vista preliminar, planteó que su representado estaba no procesable.

Sin embargo, el abogado defensor no ha presentado una moción escrita al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal para que un siquiatra del estado evalúe a Rivera Seijo y determine si el hombre entiende el proceso en su contra y puede colaborar en su defensa.

El Ministerio Público presentó la denuncia contra Rivera Seijo a seis años de la muerte de Lorenzo y luego de que cambiara el equipo de fiscales que inicialmente investigó el crimen.

Rivera Seijo se encontraba bajo la supervisión médica del Estado desde el 1 de noviembre de 2010 cuando el juez Enrique Arias Maldonado, del Tribunal de San Juan, lo declaró no culpable "por razón de insanidad mental" por la muerte de Pacheco García.

El juez alcanzó esta determinación luego que sus abogadas presentaran una defensa de inimputabilidad, que significa que el hombre aceptó el crimen, pero que al momento de cometerlo no estaba consciente del alcance de sus acciones.

Pero luego de la determinación de causa para su arresto por el cargo de asesinato por la muerte de Lorenzo se encuentra en el Centro Médico Correccional de la Cárcel de Bayamón.