La mayoría de las entidades gubernamentales han incumplido con algunas de las disposiciones de la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno” (Ley 66-2014) al no presentar ante la Asamblea Legislativa informes que documenten los ajustes que han hecho para recortar gastos y cumplir con la política de disciplina fiscal que ha proclamado la presente administración.

Ante esa situación, el Senado acogió este jueves una petición del senador Larry Seilhamer, portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), para que se les exija a las agencias y corporaciones públicas que, en un plazo de cinco días, sometan ante ese cuerpo los dos informes trimestrales que debieron haber presentado con el progreso de los ajustes.

Según Seilhamer, solo 90 instrumentalidades públicas han entregado el primer informe trimestral correspondiente a septiembre pasado, y un ínfimo número presentó el reporte que debía someterse en diciembre.

“El Artículo 4 (de la Ley 66) exige que cada entidad gubernamental someta una serie de documentación que tiene que ver con el uso de vehículos, contratos, reducciones en el costo energético, que está todo incluido en la petición”, manifestó a este medio el senador novoprogresista.

“Algunas agencias han sometido ese informe trimestral, no todas, y las que lo han suministrado, a excepción de como 10, ha sido la chapucería más grande, incluido el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que no cumplen con los ocho incisos que exige el Artículo 4”, destacó el legislador.

Entre los datos que se solicitan, figura la reducción en los contratos de servicios profesionales, ajustes en las tarifas de servicios comprados, recortes en la nómina de empleados de confianza, traslados y destaques administrativos, plan de reducción de gastos de arrendamiento, de consumo energético y de agua potable.

Entre las agencia que han cumplido cabalmente, destacó a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

En cambio, sobre las que no han acatado las exigencias del referido estatuto, mencionó que han presentado informes con “tablas ilegibles, incompletas, borrosas, ambiguas”, lo que, según expuso, imposibilita su análisis.

Seilhamer hizo su petición temprano durante la sesión de este jueves, y fue derrotada por la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en momentos en que el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, no se había integrado a los trabajos.

Poco después, el líder senatorial tomó un turno para manifestar su apoyo a la solicitud del portavoz del PNP, y se reconsideró y aprobó al requerimiento de Seilhamer.

“Que se sepa y quede bien claro que la transparencia es el norte que ha guiado al compañero senador (Seilhamer), y esa transparencia debe ser el norte que nos guíe a todos. La información que le pide es importante que se dé, es importante que las agencias nos dejen saber el progreso en este momento de una crisis fiscal que hemos pasado todos juntos, y que esa información esté disponible para todos”, expresó Bhatia.

De otra parte, el Senado recibió un informe parcial sobre una resolución que ordenaba a la Comisión senatorial de Recursos Naturales y Ambientales evaluar el cumplimiento de una Orden Ejecutiva firmada por el gobernador Alejandro García Padilla en el 2013 para que se hiciera un deslinde de la zona marítimo terrestre alrededor de la Isla.

El informe sometido por el senador Cirilo Tirado, presidente de la comisión legislativa, concluyó que es necesario aprobar una Ley de Costas para cumplir los objetivos de la orden del primer ejecutivo, y que se enmiende cuanto antes el reglamento mediante el cual se certifican los deslindes de la zona marítimo terrestre.

También se aprobó de manera unánime un proyecto que enmienda la “Ley de Bosques de Puerto Rico” para requerir que el secretario del DRNA remita anualmente un informe al gobernador y a la Legislatura sobre las iniciativas desarrolladas para cumplir con la política pública forestal.