La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó este viernes al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que las empresas Puma Energy, BEST Petroleum y Novum Energy Trading, al igual que la Administración de Terrenos de Puerto Rico, cesen y desistan en interferir en el uso de la tubería necesaria para suplir el combustible necesario para generar energía eléctrica en la Central San Juan.

En el remedio legal radicado a las 4:51 pm, la parte demandante sostuvo que la negativa de PUMA el pasado lunes de no permitir el cierre de válvulas para que Novum descargara unos 120,000 barriles de diésel al Cataño Oil Dock (COD), que la misma fue luego interrumpida mediante un acuerdo que hizo Novum con Best en medio de la disputa, “configura un daño inminente, irreparable, interferencia torticera” y un intento de extorsión contra la corporación pública para adjudicar un proceso competitivo (o RFP, por sus siglas en inglés) de más de $602 millones a Puma.

El recurso lee que dicha situación ocasionó que la Unidad 6 de la Central San Juan saliera de operación “cuando la demanda promedio fluctúa entre los 2,500 y 3,000 MW”. Igualmente, sostiene que la intervención de la empresa “más allá de ocasionar relevos de carga, es un asunto de peligro inminente que amenaza la estabilidad de una infraestructura crítica como lo es el sistema de energía eléctrica”.

“De no concederse la referida orden, la Autoridad se vería imposibilitada, tan temprano como este domingo, 28 de noviembre de 2021, de generar energía suficiente lo cual afectaría el servicio de electricidad de aproximadamente un veinte por ciento (20%) de los abonados de la Autoridad, especialmente de aquellos que residen en el área Norte, incluyendo a los residentes de San Juan”, lee el documento.

Por consiguiente, la representación legal de la AEE solicitó un mandato para la parte demandada de “abstenerse de realizar actos que interrumpan las labores y que violen las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de sus instrumentalidades gubernamentales y corporaciones públicas”.

Igualmente, la parte demandante pide que se conceda “a la parte demanda el pago de gastos, costos y honorarios de abogados por temeridad ante la negativa a detener los actos delictivos después de ser advertidos de la situación ilegal creada por ellos”.