“La muerte de un hijo te destruye, te hace pedazos”.

Esa frase de la doctora en Educación, tanatóloga y consejera en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, Elba J. Guzmán, recoge el sentimiento del incalculable dolor que todavía siente y sentirá, tras perder a su único hijo como resultado de la epidemia causada por el uso de opioides que ha acechado la isla, al menos, en los pasados ocho años.

La emergencia de salud pública ocurrida la semana pasada en Arecibo que, al momento, ha cobrado la vida de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres por sobredosis, y dejó a unas 10 más hospitalizadas, puso al descubierto la cruda realidad de la crisis que enfrenta la isla desde su introducción, aproximadamente, para el año 2016.

La terrible situación volvió a despertar en Elba sentimientos de frustración e indignación, pues resulta evidente que los esfuerzos para atajar el problema no han sido suficientes y las muertes, como la de su hijo, Kevin Leandro Díaz Guzmán, quien tenía 27 años, no cesan.

“Este asunto del narcotráfico es bien difícil de atajar porque esto es como un cáncer, esto tiene muchos tentáculos”, dijo.

Guzmán estima que una persona muere diariamente en la Isla por sobredosis.

En el caso de su unigénito, el fentanilo llegó cuando ya estaba en un tratamiento para atender la adicción al consumo de pastillas que, en primer lugar, le fueron recetadas para tratar una lesión. Pero se salió de control.

Un 2 de agosto de 2017, Kevin Leandro recurrió al fentanilo con consecuencias desgarradoras. El joven estaba a punto de terminar su primer semestre de maestría en Gestión Cultural y se había graduado de diseño gráfico.

“Aquí lo que tenemos que ver es cómo vamos a trabajar con estos adultos, jóvenes, adultos mayores, que ya han desarrollado la enfermedad. Se necesita mucha educación y prevención, pero eso es para los que ni siquiera han tocado la sustancia”, comentó Guzmán, quien ha conocido familias de todas las estratas sociales enfrentando el mismo sufrimiento.

Inmersa en los grupos de apoyo

Pero Elba transformó su aflicción en fuerzas para luchar por visibilizar el problema y, a la vez, apoyar a otros padres y madres que han recibido el mismo golpe.

De esta forma, creó la página de Facebook “La Última Píldora”, para concientizar a la sociedad sobre el uso de los opioides y sus consecuencias.

La misma es parte de una campaña dirigida por estudiantes de la UPR de Arecibo que buscan cambios positivos en la comunidad.

También es parte del grupo de apoyo que dirige Nívea Vázquez, “The Compassionate Friends”, que se reúne el segundo domingo de mes para brindar fortaleza a aquellos padres que han perdido a sus hijos.

Urge un centro de atención

La doctora habló de la urgencia de establecer un Centro Comprensivo de Salud, operado por profesionales de diferentes especialidades, para atender de manera integral a estos pacientes y que el tratamiento sea accesible.

En su participación en grupos de apoyo, recordó el caso de una familia que acudió hasta Cuba para un tratamiento, ya que en la Isla no encontraron ninguna clínica que atendiera la adicción a opioides.

“Un centro comprensivo donde uno pueda conseguir todos los servicios, eso no existe, en Puerto Rico. Hace varias semanas atrás escuché que estaban inaugurando un ala de medicina conductual en la Corporación Sanos, en Caguas y ellos estaban mencionando que esa era su meta, tener un centro comprensivo de salud... porque querían ampliar sus servicios”, aseveró la educadora.

“Ese dinero se supone que se destine a las personas”

Asimismo, la tanatóloga cuestionó los planes del Gobierno con una asignación de sobre $100 millones que, según indicó, ha comenzado a recibir hasta por un período de 18 años, como parte de una transacción que culminó uno de los litigios incoados a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia, contra farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opioides.

“Solamente llevamos tres años recibiendo ese dinero. Actualmente, ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) y el Departamento de Salud (DS), tienen una duplicidad de esfuerzos porque se están concentrando mucho en dar talleres y sí sé que los talleres son necesarios para capacitar a diferentes profesionales, pero ese dinero se supone que se destine a las personas que han sido afectadas de una manera u otra por la epidemia de opioides”, puntualizó.

Agregó, que en la página del DS encontró un plan de trabajo del año fiscal 2023-2024, pero no logró acceso a una versión actualizada. “Espero que el de este año fiscal no sea un refrito del año pasado. Esos planes se tienen que revisar en la marcha”, destacó.

En su opinión, las campañas del Gobierno por las pasadas cinco a seis décadas para hacerle frente a las drogas, no han tenido ningún efecto, porque, a su juicio, decirle a la ciudadanía que las sustancias controladas matan, no ha resultado ser un disuasivo para nadie.

Guzmán es fiel creyente de la despenalización de las drogas, subrayando que el término no es similar a la legalización.

“Mucha gente pone el grito en el cielo con la palabra o el tema de despenalización. No es lo mismo que legalizar las drogas; yo personalmente, no estoy a favor de legalizar las drogas... si vemos, legalizar el alcohol y el tabaco trae dinero al erario, pero no reduce el consumo ni el daño en las personas, pero despenalizar, para que a esa persona que sufre la enfermedad no se criminalice porque lo encontraron por posesión de drogas para su consumo y que, por el contrario, se le dé el enfoque de salubrista y se desvíe a un tratamiento (sin el estigma)”, sostuvo.

No obstante, al hacer una comparación entre los planes de Estados Unidos y los de la Isla, considera que Puerto Rico va por un buen camino. “Demuestra que tienen interés en utilizar los fondos de manera efectiva”, sostuvo.

También recalcó que la ciudadanía tiene que fiscalizar el uso de esos fondos.