Tras informarse que un gran jurado acusó a Miguel Ángel Colón Molina bajo la imputación de que usó fondos de un contrato con la Administración de Familias y Niños (ADFAN) para adquirir lujosos bienes personales, la administradora de la dependencia, Glenda Gerena Ríos, señaló que colaboraron en todo el proceso investigativo que emprendieron las autoridades federales en su contra.

Además, afirmó en declaraciones escritas que Colón Molina ni su empresa, Good Morning Foundation Corp., han tenido contratos bajo la actual administración de Pedro Pierluisi.

“La investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que culminó hoy con las acusaciones por fraude electrónico y lavado de dinero que emitió un Gran Jurado Federal contra el señor Miguel Ángel Colón Molina, convicto también en 2021 por fraude al Departamento de Hacienda, contó siempre con la colaboración de nuestra administración en ADFAN. Aunque este empresario no ha tenido contratos con ADFAN bajo esta administración, trabajamos mano a mano con las autoridades federales para proveer toda la información que obraba en nuestros expedientes, de cuando este sí los tuvo en años anteriores”, afirmó la funcionaria.

Gerena Ríos añadió que bajo su administración se ha mantenido una “estrecha colaboración” con las autoridades estatales y federales en todas las investigaciones en curso.

Explicó que dicha colaboración “no (es) solo para asistir en casos de arrestos en núcleos familiares donde puedan estar en peligro menores de edad, adultos mayores y con discapacidad, sino también para ser facilitadores en cualquier tipo de investigación criminal, como la que culminó con las acusaciones presentadas hoy por Fiscalía Federal”.

La acusación contra Colón Molina ocurrió el pasado miércoles, pero se dio a conocer hoy.

Según informó la Fiscalía Federal, entre los años 2018 y 2019, Colón Molina usó millones de dólares de los fondos del contrato del gobierno que logró para su uso personal y trató de ocultar su uso indebido a través de transacciones estructuradas de bienes raíces y bienes de consumo, incluida la compra de un yate de lujo 82 pies, conocido como Jiribilla y con un valor aproximado de $1 millón, y de una vivienda en la urbanización Santa María, también valorada en $1 millón. Se alega que estos bienes los registró como sociedades anónimas con fines de lucro bajo su mando.

En el registro de contratos de la Oficina del Contralor aparecen dos contratos de la empresa para el 2018 y 2019 con ADFAN, una entidad adscrita al Departamento de la Familia. Estos fueron de $1,421,280 cada uno. Se destaca el uso de fondos federales para este pago. Este acuerdo fue para brindar servicios psicológicos y terapéuticos, recreación, albergue, alimentación, transporte, así como servicios médicos a niños y familias en centros residenciales.

Previo a esta acusación, Colón Molina se declaró culpable el 13 de mayo de 2021 por evasión contributiva entre los años 2015 a 2018, tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia por evadir el pago de más de $1.1 millones al Departamento de Hacienda.