La Unidad de Control de Fraude al Medicaid (PR-MFCU, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia (DJ) radicó 36 cargos por fraude, maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, explotación financiera y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental contra una trabajadora social de un centro geriátrico administrado por el municipio de Manatí, que se alega se apropió de sobre $28 mil, pertenecientes a cinco adultos mayores.

Los hechos que se le imputan a Olguely Rosario Pérez, de 49 años y quien se desempeñaba como Trabajadora Social del centro geriátrico Virgilio Ramos Casellas, alegadamente ocurrieron entre el 2019 y el 2023, según informó el DJ en un comunicado de prensa.

Las autoridades informaron que según la investigación realizada, la imputada utilizaba las tarjetas de débito de las cuentas personales de los perjudicados para realizar compras no autorizadas y retiros de dinero en efectivo de instituciones bancarias y cooperativas. Además, se apropió de los fondos que recibían los adultos mayores como beneficios provenientes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó a la imputada una fianza global de $279,000. La defensa de Rosario Pérez se allanó a la determinación del Tribunal. La vista preliminar fue señalada para el próximo 2 de julio.

La pesquisa fue encabezada por la agente del Departamento de Justicia, Rosalía Berenguer Zurita, adscrita a la MFCU, en colaboración con el agente Carlos M. Villalobos, adscrito a la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía, mientras que la fiscal Kristia Díaz Pérez tuvo a su cargo la radicación de los cargos.

“La explotación financiera de las personas de edad avanzada es un delito procesado por el Departamento de Justicia con vehemencia y rigor, conforme a nuestro compromiso de salvaguardar los derechos de esta población. Como ciudadanos, todos debemos estar alertas para detectar y defender a los adultos mayores de personas inescrupulosas que se aprovechan de su vulnerabilidad para lucrarse, enriquecerse y perseguir sus intereses personales”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

La PR-MFCU, dirigida por el fiscal Luis Freire Borges, está a cargo de investigar querellas sobre alegaciones de maltrato, negligencia y apropiación ilegal contra pacientes en facilidades que reciben fondos bajo el plan de salud del Programa de Medicaid. Igualmente, atiende referidos para investigar las violaciones a las leyes estatales relacionadas al fraude en la administración del Programa de Medicaid en Puerto Rico.