Cuatro empleados del Municipio de Mayagüez fueron acusados hoy por participar en un esquema de fraude al Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), que son administrados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y por el delito de apropiación ilegal de fondos públicos ya que se alega que mintieron en la solicitud para recibir el beneficio.

La información fue revelada durante una conferencia de prensa conjunta, encabezada por el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández; el titular del DTRH, Carlos Rivera Santiago; el jefe Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Rafael Freytes y el Departamento de Seguridad Pública, dirigido por Alexis Torres.

Los imputados fueron identificados como Stevens J. Martell Olivencia, de 28 años; Omar X. Marrero Santiago, de 38 años; Jordan Matías Rivera. de 29 años e Isabel González Rodríguez, quienes presuntamente se apropiaron de fondos ascendentes a $45,524, ya que alegaron que perdieron ingresos de ocupaciones falsas y que esas eran sus únicas fuentes de ingresos.

Se indicó que en ningún momento el salario de los imputados mermó, ni su empleo fue interrumpido durante la pandemia del COVID-19.

Martell Olivencia, quien laboraba como trabajador general para la Oficina para el Manejo de Emergencias, alegó en su solicitud que realizaba trabajos de mantenimiento y poda de árboles, por lo que cobró en un período de cinco meses $14,307 de manera fraudulenta, detalló Emanuelli. Su jornada de trabajo como empleado municipal era de 30 horas semanales.

Marrero Santiago y Matías Rivera, quienes reportaron que trabajaban en una finca de papas, cuando en realidad laboraban a tiempo completo como trabajador de construcción y auxiliar de construcción en un Head Start, devengaron ilegalmente durante cinco meses, respectivamente, $12,564 y más de $12,790.

Mientras, González Rodríguez dijo en el formulario que perdió ingresos como instructora zumba, a pesar de que trabajaba como oficial de gerencia pública en la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias con jornada de 30 horas semanales, por lo que recibió $12,147 en un período de cuatro meses.

Según Rodney Ríos, director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, los imputados se exponen a 15 años de cárcel y/ o multas.

Asimismo, resaltó la colaboración expedita del Municipio de Mayagüez durante la pesquisa.

“Este caso contra empleados del Municipio de Mayagüez es apenas uno de varios casos que agentes del NIE, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y del Departamento de Justicia hemos trabajado en conjunto para poder identificar, investigar y traer ante la justicia a personas inescrupulosas que trataron de lucrarse en medio de la pandemia”, sentenció Emanuelli.

Este es uno de los casos que se investigan tanto de empleados de todos los municipios, agencias de gobierno y la empresa privada.

“Este es el primer municipio en el que hemos comenzado. Hay 77 municipios adicionales, hay otras agencias gubernamentales, así como distintas empresas privadas en las cuales ya estamos investigando. Vamos a entrar para acabar con este abuso, para condenar esta actividad tan desgraciada para este país”, dijo Emanuelli, quien aseguró que han recibido el apoyo de varias agencias federales.

La fiscalía no cuenta con prueba que demuestre que los cuatro acusados actuaron en común y mutuo acuerdo.

El secretario de Justicia aclaró que actualmente son alrededor de 2,000 los casos que investigan por diferentes modalidades de fraude al PUA ya que, cuando asumió el cargo depuró la lista que contenía unas 10,000 querellas y luego de un análisis la cifra se ajustó. De esa cantidad, se realiza una evaluación particularizada de manera coordinada para establecer la jurisdicción.

“En muchas ocasiones la persona estaba desempleada, no trabajaba o era transitorio o en realidad no procedía radicar”, justificó el funcionario sobre los casos en los que no se configuró ningún delito.

Mientras que el secretario del DTRH, habló sobre lo imperioso que es recuperar estos fondos federales obtenidos fraudulentamente.

“Siempre he mencionado a la ciudadanía que aquella persona que devuelva el dinero siempre va a estar en mejor posición que aquel que no lo devuelva”, subrayó Rivera Santiago.

El director del NIE, Rafael Freytes, por su parte, exhortó a los empleados públicos que están implicados en esa modalidad de fraude a que colaboren con las autoridades.

Sobre la posibilidad de radicar cargos a policías que hicieron alguna reclamación ilegal al DTRH, Torres respondió que los casos continúan bajo investigación.