El contador público autorizado (CPA) Aníbal Jover Pagés tuvo esta mañana su vista inicial ante el magistrado federal Marshall Morgan, luego de que fuera arrestado de madrugada por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por cargos relacionados con uno de los casos que lleva la Fiscalía Federal contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exadministradora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila.

Jover Pagés, de 60 años, fue formalmente acusado de una docena de cargos de fraude electrónico y dos cargos de conspirar para cometer fraude electrónico, por su participación en un alegado esquema que involucraba a ASES y su empresa Intelligent Grant Solutions (IGS).

Jover Pagés hizo un alegato de “no culpable” sobre las acusaciones en su contra.

Luego de hacerle las advertencias y leerle los cargos, el magistrado Morgan le indicó a Jover Pagés que, de ser hallado culpable, se expone a una pena máxima de no más de 20 años de prisión, una multa no mayor de $200,000, y un periodo de libertad supervisada de no más de tres años.

El magistrado le advirtió, además, que como parte de la acusación el Estado está solicitando la incautación de cualquier bien o propiedad cuya adquisición pueda vincularse a las ganancias obtenidas a través del esquema ilegal que se le imputa, incluso si dichos bienes o propiedades han sido traspasados a terceros.

El magistrado le impuso una fianza de $250,000, de los cuales $150,000 deberán ser asegurados. No impuso ninguna condición adicional, por lo que saldría en libertad bajo condiciones estándar hasta la celebración de la vista preliminar en su contra en septiembre próximo. La fiscalía federal no expresó ninguna objeción a la fianza y condiciones de libertad que dictó el magistrado.

Jover Pagés tiene un largo historial de contratos y posiciones importantes en varias agencias y entidades gubernamentales. Fue miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico en 2010, presidió el Colegio de Contadores Públicos Autorizados entre 2013 y 2014. Bajo la administración de Luis Fortuño, en el 2009, tuvo contratos en agencias, como el Departamento de Justicia.

Para 2019, fue miembro de la Junta de Contabilidad del Estado Libre Asociado, que regula la práctica de los CPA en la Isla, hasta que la gobernadora Wanda Vázquez le pidió la renuncia, y ordenó cancelar todos los contratos que tenía su empresa IGS con ASES y el Departamento de la Vivienda.

En este caso, además de Keleher, Ávila y Jover, también aparecen como acusados desde el 10 de julio de 2019 los contratistas Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer Caillet, así como las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza. Las acusaciones contra ellos se relacionan a presuntos fraudes por más de $15 millones contra el Departamento de Educación y ASES.

La acusación completa de este caso incluye 98 cargos contra siete personas.

Keleher enfrenta, además, otra acusación criminal, no relacionada a este caso, por alegados beneficios financieros que habría recibido con relación al arrendamiento y compra de un apartamento en el condominio Ciudadela, en Santurce, a cambio de que en su calidad de secretaria de Educación firmara una carta de que pretendía entregar 1,034 pies cuadrados de la escuela bilingüe Padre Rufo a una empresa privada.

Keleher se ha declarado no culpable en ambas acusaciones.