Luego de una extensa jornada de más de 11 horas, que acabó pasada las 10:00 de la noche, la jueza Geisa Marrrero Martínez encontró causa para arresto contra siete de los once manifestantes estudiantes citados por irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Se trata de Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Randiel J. Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo, quienes fueron acusados por los artículos 156 de restricción a la libertad, 179 por violar el derecho a reunión y 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública. A cada uno se les impuso una fianza de $6,000.

En cambio, a los estudiantes Mikael Rosa, Ileanan Ayala, Juan Carlos Silén y Ernerto Beltrán no se les encontró causa.

La fiscal Yanira Colón presentó en el desfile de prueba un vídeo del incidente, cinco testigos y siete declaraciones juradas que, según fuentes de Primera Hora, habían sido emitidas por la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández y seis miembros de la Junta de Gobierno.

Para la abogada y copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Wilma Reverón Collazo, el proceso fue “atípico en términos de la cantidad de prueba que fiscalía intenta entrar en esta etapa” de determinación de causa para arresto.

Durante la mañana, un grupo de distintas organizaciones universitarias y políticas se manifestaron a las afueras del tribunal a la vez que un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) sobrevolaba el área.

Familiares y amigos cuestionaron la gran cantidad de policías y agentes de distintas unidades que se encontraban en el lugar, e incluso se escucharon bromas referentes a “ni que aquí estuviera el Chapo”, conocido narcotraficante mexicano.

El incidente por el que se les acusó ocurrió el 27 de abril en las oficinas de presidencia en el Jardín Botánico sur mientras la Junta de Gobierno se aprestaba a pasar juicio sobre el plan fiscal de la institución, que a ese momento incluía $241 millones en recortes requeridos por el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal.

Al medio día, los abogados aseguraron que aun no conocían los cargos y según pasaban las horas los familiares y amigos se mostraban agostados y algunos con angustia debido a la gravedad de los cargos iniciales.

El caso fue inicialmente consultado con el fiscal Ángel L. García quien expidió las citaciones.

La vista preliminar fue pautada para el 23 de mayo.