Cargos por los delitos de secuestro, robo agravado y allanamiento ilegal fueron sometidos esta tarde contra dos agentes estatales y un guardia municipal, los cuales laboraban para la División de Vehículos Hurtados de San Juan, tras alegadamente violarle los derechos civiles a un ciudadano de origen dominicano. 

La jueza Alfrida M. Tomey, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en todos los delitos imputados contra los tres acusados, identificados como el policía municipal de San Juan, Gabriel Rivera Pagán, de 36 años, y los agentes estatales Raúl Rivero Ruiz y Joaquín Torres Cortina.

Tomey señaló una fianza de $750,000 a cada uno de los agentes. La abogada de los acusados, Maritza Torres Román, indicó a este medio que sus clientes quedaron libres, pero sujeto a rastreo mediante grillete electrónico, hasta la vista preliminar del caso, señalada para el 23 de abril. Organizaciones laborales a las que están afiliados los agentes suministraron el 10% de la suma señalada en corte a fiadores privados que, a su vez, completaron el trámite correspondiente en el tribunal para evitar que quedaran sumariados en prisión.

El superintendente de la Policía, José L. Caldero López, mientras, firmará las cartas de expulsión de los dos agentes estatales el próximo lunes, confirmó el director de la Oficina de Prensa de la Policía, Axel Valencia. Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó esta noche que ordenó la suspensión sumaria de Rivera Pagán.

Los tres agentes laboraban en la División de Vehículos Hurtados de San Juan, pero solo uno de ellos, Torres Cortina, estaba asignado en propiedad a esa unidad de trabajo. Los otros dos, el policía del cuartel de Hato Rey Oeste, Rivero Ortiz y el guardia municipal de San Juan, estaban en destaque.

De la investigación que llevó a cabo el Negociado de Asuntos Internos de la Policía se desprende que estos agentes intervinieron con un ciudadano de nacionalidad dominicana en la madrugada del pasado 7 de abril, frente a la estación del Tren Urbano de Las Lomas, en Puerto Nuevo y que se apropiaron de $1,000 en efectivo y un teléfono celular, tras secuestrar al obrero de la construcción. 

El caso fue esclarecido debido a la intervención de otros policías que han servido como testigos del querellante, porque cuando los agentes imputados estaban interviniendo con el perjudicado pasó uno de los agentes que se graduaron recientemente junto a su mentor y le preguntaron si todo estaba bien, entonces los ahora acusados respondieron en la afirmativa.  Luego, mientras los agentes se encontraban en el cuartel para rendir servicio vieron al ciudadano dominicano presentando la querella y son ellos quienes logran identificar al trío.

En este caso se hicieron gestiones con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), ya que no se descarta que en un futuro puedan asumir algún tipo de jurisdicción. 

De ser hallados culpables, la pena por el delito de secuestro es de hasta 20 años, por robo de hasta 15 años y por el allanamiento ilegal, por registrar un vehículo sin una orden judicial, la pena fija es de tres años de prisión.

En la investigación también participa el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), del Departamento de Justicia, por tratarse de un caso donde hubo la violación de los derechos civiles de un ciudadano, pero el peso de la pesquisa recayó en la Policía, debido a la pronta acción tomada por la agencia, sujeta a una reforma motivada precisamente por violaciones de derechos civiles atribuidas miembros del cuerpo.

Temen por seguridad de la víctima

La víctima, identificada como Rey Reyes, se encuentra en el Albergue para Testigos del Departamento de Justicia. Sin embargo, el portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, considera que todavía su vida está en riesgo. Por tal razón, este sábado hizo un llamado al Gobernado y al Secretario de Justicia para que evite un atentado contra Reyes, como alega le ocurrió en ese albergue a la mucama Aida de los Santos, quien fue acusada por el crimen de Georgina Ortiz, de 72 años, el 17 de agosto del 2010, delitos por los que luego un jurado la encontró no culpable. 

A su vez, opinó que la fianza señalada no ha sido proporcional con los delitos imputados. “Yo creo que es un triunfo y una derrota por la fianza tan mísera que se les impuso…A esas tres personas el sistema los sigue protegiendo”, estimó Rodríguez, tras exhortar a la gente que no tema en denunciar este tipo de violación a los derechos civiles, que no solo se cometen contra los dominicanos sino también contra los puertorriqueños. 

Confía en su inocencia

La abogada de los imputados, licenciada Maritza Torres Román, por su parte, dijo confiar que al final del proceso los agentes saldrán airosos porque existe prueba exculpatoria para sus clientes. 

“El caso se radicó por expediente, así que, como no podemos contrainterrogar a una declaración jurada ciertamente, el resultado era el esperado, no obstante, existe evidencia exculpatoria que en su momento será solicitada”, sostuvo.

“Entendemos que al final del día prevaleceremos. No es la primera vez que la Policía de Puerto Rico pasa por un proceso como este, qué mejor ejemplo que los policías de Drogas de San Juan. El proceso fue fuerte difícil y al final salimos airosos”, expresó la abogada al referirse a un grupo imputado de realizar un allanamiento ilegal en el apartamento de la transexual Ivana Fred Millán.

Torres Román fue una de los abogados de la defensa de los 18 agentes adscritos a la División de Drogas del área de San Juan contra quienes la jueza Laura Lis López Roche no encontró causa para juicio tras ser acusados de ejecutar un allanamiento ilegal en el apartamento de Fred Millán, el 15 de mayo de 2012.

La licenciada Torres Román recalcó que sus clientes no han cometido delito alguno y que solo cumplieron con los requisitos de su trabajo. 

“Mis clientes en muy bien ánimo, confiados en Dios. Están conscientes de que esto es un proceso, que todo proceso es difícil, pero ellos saben y entienden que ellos no han hecho nada malo y yo así lo creo que ellos no han hecho nada malo. La Policía de Puerto Rico tiene uno de los trabajos más difíciles que existen pero alguien tiene que hacerlo y hacer su trabajo no es cometer delito”, sentenció.