Un gran jurado federal emitió una acusación de 14 cargos el 18 de julio contra ocho personas por tráfico de drogas, conspiración para proporcionar contrabando en prisión y conspiración para cometer robo de identidad, según informó la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico este martes.

Los imputados, presuntamente, conspiraron para proporcionar buprenorfina, ketamina y fentanilo a los reclusos alojados en el Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, mediante sobres que pretendían ser correo postal legal.

Los ocho acusados fueron identificados como: José J. Rodríguez Cumba alias “Chambi”, Richard Cruz Monzón, Yarelis I. Colón Ríos, Yarushka M. De León Acosta alias “La Secretaria”, Edwin D. González Reyes alias “Cotto”, José J. López Pellot, Christina M. Rodríguez Cumba alias “Nani” y Selena Crespo Dumeng.

Todos fueron acusados de un cargo de conspiración y posesión con intención de distribuir sustancias controladas, un cargo de conspiración para proporcionar contrabando en prisión y un cargo de conspiración para cometer robo de identidad. Seis de ellos también enfrentan cargos de robo de identidad agravado.

Estos podrían enfrentan hasta 20 años de cárcel, es decir, 10 años por posesión de fentanilo, cinco años por intentar proporcionar buprenorfina en prisión y cinco años por conspiración para proporcionar contrabando en prisión.

Además, podrían enfrentan una sentencia máxima de 20 años por conspiración para cometer robo de identidad, así como una sentencia mínima obligatoria consecutiva de dos años por robo de identidad agravado.

“Este caso debería enviar un mensaje claro a aquellos que intentan introducir contrabando ilegal en una instalación federal de que investigaremos y procesaremos esta actividad criminal”, expresó en declaraciones escritas el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow.

La División de Miami del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos está a cargo de la pesquisa junto al Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

“A través de nuestros esfuerzos conjuntos de aplicación de la ley, hemos desmantelado una organización criminal que utilizaba el correo para suministrar drogas a prisiones federales y estatales. Los inspectores postales continuarán trabajando con nuestros socios de la ley para investigar y responsabilizar a aquellos que utilizan maliciosamente el sistema de correo de los Estados Unidos”, manifestó por su parte el inspector a cargo de la División de Miami del Servicio de Inspección Postal, Juan A. Vargas.

Los fiscales federales Alberto López Rocafort, Teresa Zapata Valladares, Vance Eaton y Carlos J. Romo Aledo están a cargo de procesar el caso.

“El contrabando en las instituciones correccionales sigue siendo una amenaza significativa. La exposición a narcóticos, específicamente el fentanilo, puede causar la muerte inmediata tanto a los reclusos como al personal correccional. Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios de la ley federales y estatales para mitigar esta amenaza y asegurar que los perpetradores sean llevados ante la justicia”, sostuvo el agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, Joseph González.