La organización de derechos humanos Kilómetro Cero divulgó hoy un vídeo que pone en duda la versión oficial de la Policía sobre los hechos en que un joven de 21 años murió a manos de la Policía durante una intervención de tránsito en julio pasado en Carolina.

En un comunicado, Kilómetro Cero afirmó que la Policía de Puerto Rico ofreció información falsa a la ciudadanía sobre el incidente que cobró la vida de Jobán Rivera Mendoza, de 21 años, a quien dos uniformados le dispararon en al menos 10 ocasiones, con el resultado fatal.

“A las 12:53 am del 23 de julio de 2023, Jobán fue intervenido por los agentes Ismael Miranda Rodríguez y Héctor Custodio Cruz en una marginal de la carretera PR-3 en Carolina por alegadamente ir en exceso de velocidad y rebasar una luz roja. Según José Padín, director auxiliar del CIC de Carolina, los agentes dispararon porque ‘se percatan que el individuo tiene un arma de fuego, empuña su arma de fuego… [y] realiza varias detonaciones a los agentes’, explicó Kilómetro Cero en declaraciones escritas.

“No obstante, Kilómetro Cero publicó este video con imágenes de una cámara de seguridad en la escena, que muestra cómo el joven nunca sacó, ni disparó con un arma, sino que buscaba en un portapapeles los documentos solicitados en la intervención cuando uno de los agentes gritó ‘arma de fuego’ y comenzó a dispararle al joven. Entre ambos agentes se cuentan 10 disparos en el video”, añade el comunicado

“Como se evidencia en el video, la historia de la Policía cuando dos agentes mataron a Jobán fue que el joven de 21 años había disparado en dos ocasiones y ellos repelieron la agresión. Evidentemente, esto es falso”, explicó Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero. “Los agentes le dispararon al muchacho en diez ocasiones, sospechando de un arma que nunca sacó y mucho menos disparó”, añadió.

El video documental presenta un resumen detallado de los eventos del caso de Jobán, incluyendo el análisis y contribución del Lcdo. Fermín Arraiza Navas, director legal de la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU) y quien ha sido voz de denuncia desde el inicio de la investigación.

“Ese relato… son falsedades de la Policía”, declaró Arraiza en el video documental. “Nos preocupa que la Policía esté tomando la justicia en sus manos y decidan intervenir con esta persona y ejecutarla en la calle sin llevarla a los Tribunales, violentando sus derechos a la presunción de inocencia [y] a tener un juicio justo e imparcial”, sostuvo el letrado.

Según el informe del servicio de la ambulancia, los paramédicos encontraron a Jobán esposado en el suelo de la PR-3, herido de bala y con un ritmo cardíaco irregular. A pesar de que reiteradas veces los paramédicos solicitaron a los policías quitarle las esposas al joven para poder darle los primeros auxilios, estos se negaron a hacerlo, lo que retrasó la atención médica al joven.

El joven fue transportado al Hospital de la UPR Dr. Federico Trilla sin pulso y aún esposado, según el informe médico e informantes de la familia. Luego de 30 minutos de intentos de resucitación, Jobán fue declarado muerto a las 2:01 am.

“Ese mismo día la Policía catalogó la muerte de Jobán como un ‘homicidio justificable’ en su informe de incidente. La Policía, una vez más, demuestra que no tiene que hacer investigaciones internas para llegar a sus conclusiones. Su vocación primaria no es ser transparente ante el país sino excusar toda conducta violenta de sus agentes”, añadió Mari Narváez.

La prensa informó que los agentes Miranda Rodríguez y Custodio Cruz no tenían sus cámaras corporales, a pesar de haber aprobado el curso para su uso y manejo que la Reforma Policial ordena que todos los oficiales de Patrullas de Carreteras las tengan activadas durante sus intervenciones.

No obstante, se le informó a Kilómetro Cero que un agente de la División de Homicidios del CIC indicó que había una cámara corporal activada en la intervención, pero que no podían compartir el video por el proceso de la investigación.

“Desde el inicio de la intervención hasta que llegaron los paramédicos a la escena, pasaron alrededor de 25 minutos. Solicitamos que se publique el contenido de ese bodycam, ya que es lo único que puede evidenciar qué pasó posteriormente durante el arresto de Jobán”, denunció Mari Narváez.

“Desde Kilómetro Cero exigimos investigaciones independientes, confiables y transparentes de todo uso de fuerza letal policial y que el Estado presente cargos y procese a oficiales que abusan ilegalmente de la fuerza”, finalizó.

Jobán Luis Rivera tenía 21 años, era el mayor de dos hijos y trabajaba en la lavandería del Hospital Auxilio Mutuo, recogiendo y cambiando las sábanas en habitaciones de pacientes. Su familia lo describió como un joven trabajador y que siempre ponía a su familia primero.

“En el informe mintieron. En la querella mintieron. Mi hijo quedó como una persona que le dispara a los guardias y eso no puede ser así. Quiero que se sepa la verdad, que se haga justicia y que la Policía de Puerto Rico asuma la verdad. Eso es lo que quiero”, expresó la madre de Jobán a través de Kilómetro Cero.

Desde 2014, Kilómetro Cero ha documentado al menos 93 muertes por uso de fuerza policial. De estas, 58 personas murieron por disparo de un arma de reglamento y 43% de estas víctimas no portaban un arma de fuego.

Departamento de Justicia asegura que investiga el incidente

En un escueto comunicado, el Departamento de Justicia afirmó que investigan este incidente, pero no dieron detalles sobre el asunto. “Confirmamos que existe una investigación en curso en el Departamento de Justicia sobre las circunstancias en que falleció un joven de 21 años durante una intervención de la Policía. Para proteger el proceso investigativo, no emitiremos comentarios adicionales al respecto”, reza la breve reacción del Departamento de Justicia.

La Policía de Puerto Rico, por su parte aseguró que todos los casos en los que se utiliza la “fuerza”, son investigados. “En todos los casos de uso de fuerza, se inician múltiples investigaciones paralelas en un marco de transparencia, a cargo de agencias externas a la Policía, tales como el NIE y el Departamento de Justicia, y siguiendo las normas del Tribunal Federal, que monitorea la Reforma de la Policía. Por tal razón, en estos casos, el Negociado de la Policía no puede ni debe emitir expresiones”, manifestó la agencia en declaraciones escritas. De las declaraciones no se desprende si los agentes involucrados en la pesquisa continúan en servicio. Tampoco si se ha iniciado algún proceso contra estos.