El juez José Caballero López encontró hoy causa para el arresto de Juan Rivera García, señalado por la Policía como la persona que intentó removerle un tatuaje a su hija de 15 años utilizando una pulidora.

Contra Rivera García se presentaron cargos por restricción a la libertad, maltrato mediante restricción a la libertad bajo la modalidad de violencia doméstica y maltrato y negligencia tipificado en la Ley de Maltrato de Menores, indicó el teniente Carlos Nazario.

El jefe del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Fajardo precisó que al hombre de 42 años, quien es operador de grúas, también se le acusó por violación a la Ley de Armas, por utilizar una pulidora para procurar “borrar” el tatuaje de una flor que la menor se hizo en un muslo, sin su consentimiento.

La prueba en contra de Rivera García fue presentada por la fiscal Leilany Vargas. El teniente Nazario explicó que el juez Caballero López señaló al acusado una fianza de $60,000 que fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. Por esa razón, el gruero quedaría libre hasta la vista preliminar del caso.

La madre de la menor no fue acusada y Nazario indicó que como parte de la pesquisa surgió que el imputado, quien no tiene récord criminal, aparentemente le restringió la libertad a la mujer.

Por otro lado, Nazario indicó que no se ha localizado a la persona que le hizo el tatuaje a la menor de edad. El directivo del CIC manifestó que la Ley 318 prohíbe realizar tatuajes a menores de 21 años y a personas mentalmente incapacitadas, aún con el consentimiento de uno de los padres, según lo estipulado en el Artículo 9 del estatuto.

Este caso llegó a la Policía luego de que la adolescente le contara lo sucedido a una trabajadora de la escuela intermedia a la que asiste en Río Grande. Luego la funcionaria presentó la querella a la Policía y se arrestó al hombre por los hechos ocurridos el pasado martes.

El suceso fue investigado por la agente Yaritza de Jesús, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato del área de Fajardo. En el caso también intervino el Departamento de la Familia.