Un empleado del programa de reciclaje del municipio de Arroyo fue acusado ayer, martes, por cargos de asesinato en primer grado, daño agravado, incendio agravado, apropiación ilegal de un vehículo, destrucción de evidencia y violación a los artículos 6.05 (Portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia) y 6.14 (Disparar o apuntar armas de fuego), de Ley de Armas de Puerto Rico.

El fiscal Carlos Ojeda Mariani formuló los cargos contra Christian J. Colón Ortiz, de 19 años y vecino de Arroyo, por hechos ocurridos el 24 de julio en la residencia de la víctima, identificada como el exbombero Víctor Manuel Rosa Román de 65 años, en la calle Laurel del barrio Palmas, en Arroyo.

La víctima renunció al cargo de bombero debido a que enfrentó cargos por delitos que lo colocaron en el Registro de Ofensores Sexuales.

Surge de la investigación que la víctima y su victimario, eran compañeros de trabajo como jardineros y ese día acudieron a un negocio a tomar unas cervezas, luego continuaron compartiendo en la residencia de Rosa Román, donde surgió una discusión por motivos no revelados, que escaló a una pelea.

El joven utilizó un arma ilegal para dispararle al sexagenario y luego utilizando un acelerante incendió su alcoba y se calcinó su cuerpo.

Este huyó en el vehículo del fallecido descrito como un Mitsubishi Lancer, del año 2010 y color vino, el cual manejó hasta el sector La Vega donde lo quemó.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, capitán Willie Torres, sostuvo que entrevistas a sus allegados, la recreación de las últimas horas de vida de Rosa Román y vídeos de cámaras de seguridad en la escena donde incendiaron el automóvil, se logró identificar al sospechoso.

Durante una entrevista, se le leyeron las advertencias de ley el empleado municipal quien hizo una admisión de los hechos.

El arma de fuego, que era ilegal, ya que no poseía licencia de portación, no ha sido recuperada.

La prueba se presentó ante el juez Angel G. Rodríguez Torres, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, quien determinó causa para arresto, fijándole una fianza de $950,000 la cual prestó, quedando en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.

La vista preliminar fue señalada para el 12 de agosto.

La investigación estuvo a cargo de la agente Mary Ann Ramos, bajo la supervisión de la sargento Marilyn Torres Echevarría, quienes utilizaron los hallazgos de un “fire marshal” del Negociado del Cuerpo de Bomberos que certificó que el incendio fue intencional y se usó acelerante, para encaminar la investigación para esclarecer el asesinato.