Un gran jurado del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico acusó a Aileene Mudafort Fernández, dueña de la armería Mudafort Xtreme Sports & Motorsports, por facilitar una pistola a un delincuente, ser cómplice en el tráfico de armas de fuego sin licencia y no mantener registros de armas de fuego.

Mudafort fue detenida este jueves en su negocio ubicado en Santurce por oficiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) tras los hallazgos de un allanamiento que se realizó el pasado mes de agosto.

La Oficina de Prensa de la Fiscalía federal puntualizó que José Berríos Aquino, un empleado de la armería y que fue apresado el pasado 4 de noviembre, fue imputado también por poseer una ametralladora.

Según las acusaciones, desde el año 2020, Mudafort Fernández y su negocio ayudaron e instigaron a un individuo, identificado como “R.R.M.”, en el tráfico ilegal de armas. Además, la acusada a nivel federal presuntamente enajenó una pistola Taurus en 2019 a una persona, identificada como “P.C.T.”, a sabiendas de que era un delincuente.

Asimismo, las imputaciones destacan que la jefa de la empresa no mantuvo los acuerdos de armas de fuego de acuerdo con la ley.

En el caso de Berríos Aquino, este fue acusado poseer una pistola que había sido modificada para ser una ametralladora. Según documentos públicos, la pistola del Berríos Aquino había sido alterada con un Alamo-15 Forced Reset Trigger, que modifica un arma para disparar automáticamente más de un tiro sin recarga manual mediante una sola función del gatillo.

“Los delitos violentos con armas suelen ser cometidos por personas que no pueden obtener legalmente un arma de fuego, pero encuentran la manera de hacerlo. Según las acusaciones, estos acusados se dedicaban al negocio de la venta de armas sin seguir las leyes sobre armas de fuego”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en declaraciones escritas.

“La fabricación y venta sin licencia con fines lucrativos de armas de fuego de gran capacidad es una grave amenaza para la seguridad pública. Seguiremos investigando enérgicamente a los traficantes de armas y persiguiendo las violaciones de la ley”, agregó.

Mientras tanto, el el agente especial a cargo de la ATF, Christopher A. Robinson, apuntaló que “los titulares de licencias federales de armas de fuego tienen una responsabilidad especial como primera línea de defensa contra el desvío ilegal de armas de fuego del comercio legal”.

“El incumplimiento de ese deber participando voluntariamente en estas presuntas acciones nunca será tolerado por la ATF”, agregó.

La fiscal federal adjunta Linet Suárez, de la Sección de Delitos Violentos, está a cargo del procesamiento del caso. La ATF está a cargo de la investigación.

Si son hallados culpables, los acusados se enfrentan a una pena de hasta diez años de prisión.