Un doctor fue acusado por un gran jurado federal de dispensar sustancias controladas sin ningún pronóstico médico legítimo, informó la fiscalía federal esta tarde.

Se trata del doctor Roberto F. Unda Gómez, quien es médico general con licencia para ejercer la profesión en Puerto Rico, Honduras y México, pero no en los Estados Unidos continentales.

Según la acusación, Unda Gómez “a sabiendas e intencionalmente” dispensó y distribuyó Adderall, Oxicodona y Xanax sin ningún propósito médico legítimo a pacientes en Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales y, presuntamente, usó los servicios de envío y entrega de FedEx Corp. y United Parcel Service para distribuir las sustancias controladas.

Por ende, Unda Gómez enfrenta siete cargos por dispensar sustancias controladas por un practicante y tres cargos por el uso de una instalación de comunicación para facilitar la comisión de un delito grave.

El acusado tiene programada su comparecencia inicial ante el juez magistrado de los Estados Unidos, Marshal D. Morgan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Si es declarado culpable, el galeno enfrenaría una pena máxima de 20 años de prisión.

“Los departamentos de Justicia continúan luchando contra la epidemia mortal de opioides, que mata a miles de personas cada año en los Estados Unidos y Puerto Rico. El acusado violó tanto su deber profesional como la ley al vender recetas de opioides adictivos a personas que nunca examinó y que no tenían necesidad médica de los medicamentos”, comentó W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Personal del Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) está encargada de la pesquisa, mientras que el fiscal federal adjunto especial Clay S. Rehrig está procesando el caso.

Por su parte, un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia.

La fiscalía federal señaló que una acusación es “simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia”.