A un grupo de 10 personas que eran parte de un esquema de fraude a través de plataformas cibernéticas de instituciones bancarias se le radicaron ayer 39 denuncias por cargos de apropiación ilegal agravada, fraude, posesión y traspaso de documentos falsificados, como resultado de una investigación de las Divisiones de Delitos Económicos del Departamento de Justicia y de Investigaciones de Robos y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas.

De acuerdo con la investigación del agente Elving Castillo Hernández, bajo la supervisión del director de la división, teniente José Ayala, los imputados entre el 10 de enero y el 8 de febrero del año pasado utilizaron la plataforma Mi Banca Online del Banco Popular para realizar 13 fotodepósitos de cheques falsos los cuales eran cambiados y distribuídos entre diferentes miembros y las depositaban en sus cuentas bancarias para obtener el dinero ya sea realizando compras, retiros y pagos.

La pesquisa comenzó el 10 de febrero de 2022, cuando el Departamento de Control de Riesgo de Fraude del mencionado banco recibió una llamada del dueño de una corporación privada dedicada elaboración y venta de alimentos reportando un fraude con los cheques de la cuenta comercial.

El firmante de la cuenta alegó que los cheques no fueron emitidos por ninguno de los miembros de la compañía, ni autorizados, ni cobrados. Ninguno tenía contacto con el comerciante.

El banco asumió una pérdida potencial de $71,490.04.

La fiscal Ileana Martínez Rosado, de la División de Delitos Económicos de Justicia, formuló cargos contra Emanuel Pagán Chévere, Alondra Cuevas Esquilín, Sulymar D. Medina Cruz, Luis A. Rivera, Kevin J. Jiménez Matos, Thais A. Olivo Rodríguez, Alfredo J. Cruz Polanco, Marco A. Santiago Marrero, Ninoshka M. Rivera Marrero y Daniel K. Osterman Díaz.

El juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra nueve de los 10 imputados. Dos fueron encarcelados porque no cualificaron con los requisitos del Programa de Servicios con Antelación a Juicio.

La jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para arresto contra Thais A. Olivo Rodríguez. La fianza global impuesta fue de $561,000.

Contra Cuevas Esquilín se radicaron cargos en ausencia y se expidió una orden de arresto ya que no compareció al tribunal a pesar de que se le notificó por teléfono.

La vista preliminar fue señalada para el 11 de julio.

“Cada imputado se expone a una pena de ocho años de prisión. Es lamentable que hombres y mujeres con toda una vida por delante se arriesguen a perder su libertad al cometer actos fraudulentos. Si creyeron que no los atraparíamos, se equivocaron. Que estos procesamientos les sirvan de lección y disuasivo a todos”, expresó el director de la División de Delitos Económicos de Justicia, Rodney Ríos Medina.

Agregó que esta es una modalidad que ha surgido en Puerto Rico, no obstante, en este caso lo único que tienen en común es que el perjudicado es una sola persona, pero no se les puede llamar organización criminal ya que presuntamente operaban individualmente y el elemento común que utilizaban cheques falsos que no eran iguales, utilizando la misma modalidad para depositarlos en sus cuentas bancarias.

“Ellos tenían la información necesaria de esa institución que fue afectada, pero ellos no se comunicaban entre sí y cada uno realizaba un depósito en sus cuentas”, respondió Ríos Medina al ser cuestionado en una rueda de prensa.

La información de las cuentas bancarias puede ser utilizadas mediante otros esquemas mediante llamadas telefónicas y se puede tener acceso a través de la “dark web”, que se compone de sitios que no están indexados y a los que solo se puede acceder a través de navegadores web especializados, o directamente de personas que venden esos datos.

En noviembre del año pasado, Justicia desarrolló una alianza entre la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Oficina de la jefa de Fiscales para reforzar el procesamiento de los casos de fraude y crímenes cibernéticos en la isla ante la alta incidencia que se ha registrado tras la llegada de nuevas tecnologías. Ríos Medina anticipó que hay más investigaciones en curso.

“Los esquemas de fraude a través de plataformas cibernéticas han provocado pérdidas millonarias a instituciones bancarias en la Isla, así como daños a individuos y empresas. Por esto, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia está trabajando estratégicamente junto al Negociado de la Policía para investigar y procesar este tipo de delitos que evoluciona en la medida en que cambia la tecnología. Continuamos viendo los resultados de estos esfuerzos”, resaltó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en un comunicado de prensa.

Mientras, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, indicó que “los gastos en los cuales incurren las empresas como producto del fraude incrementan el costo operacional de estas, así como de las instituciones financieras, lo que al final del día termina pagando el consumidor. Por eso a través de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas le estamos dando la prioridad que ameritan dichas denuncias”.