Jeromy Pietri Napoleoni y su madre, Ana Inés Napoleoni Medina, hicieron alegación de no culpabilidad por el asesinato del militar Jancarlo Rivera Lugo, ocurrido el 14 de noviembre de 2022 en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque de Ponce.

Así lo determinaron a través de sus respectivos abogados, como parte del inicio del juicio, efectuado esta tarde en la sala 502 del Centro Judicial de Ponce ante el juez Ángel Llavona Folguera, a donde también juramentaron 21 testigos de cargo.

Sin embargo, otros dos declarantes no estuvieron disponibles para cumplir con el proceso judicial, pues uno de los funcionarios está de vacaciones fuera de Puerto Rico, mientras que otra funcionaria se encontraba convaleciendo por COVID-19.

Esto fue utilizado por la defensa, que solicitó al magistrado la exclusión del testigo, ya que se trata del agente investigador de la escena que trabaja para el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El licenciado Carlos Torres Nolasco, abogado de Ana Inés, estableció que “Pedro Bonilla no es cualquier testigo, es el agente investigador de la escena. En cualquier país democrático puede conectarse a internet y tener acceso a cualquier testimonio”.

“Que este señor no esté bajo juramento, tiene grandes implicaciones en el debido proceso de ley. Sabemos que está de vacaciones. Suplicamos que se hagan las gestiones para que se le tome juramento desde el lugar donde esté”, insistió.

Sobre esto, el juez determinó que se pospondría el proceso hasta que se le tome juramento a este testigo para despejar la preocupación de la defensa. Igualmente, la fiscalía determinó que el testimonio de la otra funcionaria ausente “no será necesario, ya que su participación en la cadena de custodia fue estipulada”.

“Prefiero comenzar con ese testimonio para la próxima fecha que, según la agenda es del lunes 12 al miércoles 15 junio. No se va a atrasar nada. Todo va a caminar. Hoy vamos a marcar la prueba”, aseguró.

De hecho, nueve de los testigos tomaron juramento mediante el sistema de videoconferencias, ya que unos son empleados del ICF y otros del Sistema de Emergencias 9-1-1 en San Juan.

Igualmente, 12 declarantes estaban presentes en sala, entre estos, el padre del occiso, Carlos Rivera, y la pareja de Jancarlo, Jineyshka Cruz Bonilla, quien estuvo al momento del crimen. Además, el ministerio público contiene el testimonio de los agentes policiales que trabajaron la escena y la investigación del caso.

Mientras tanto, Llavona Folguera emitió las consabidas advertencias a los testigos, tanto presenciales como los que participaron mediante videoconferencia.

“Están bajo las reglas del tribunal. No pueden hablar con nadie, ni permitir que nadie les hable del caso, ni que pregunte nada de lo que testificarán sobre este caso. De pasar una o la otra, están en desacato del tribunal. Los que son funcionarios públicos conocen muy bien cuáles son las reglas”, advirtió.

De otra parte, el magistrado sostuvo que “no vamos a permitir, de ninguna índole, comentarios, miradas, acercamientos de nadie hacia nadie”.

“Los procesos judiciales, incluso los civiles, siempre hay dos partes. Son procesos donde hay envueltos sentimientos. Todos somos personas de carne y hueso, sentimos y padecemos, todo tiene su lugar. La persona que viole eso, va a ser sacada del tribunal y no va a poder regresar hasta que este caso termine. Para que estén claros”, apuntó.

Durante el proceso, la fiscal Annette Estévez Serrano presentó la teoría del ministerio público ante el juez.

“La prueba demostrará que ambos acusados, en común acuerdo, le quitaron la vida, le arrebataron los celulares a Jancarlos y a Jineyshka. Luego, Ana le advierte a Jineyshka: ‘Si dices algo, te voy a mandar a matar a ti también”, relató.

“La totalidad de la prueba presentada demostrará que los acusados, en concierto y común acuerdo, de manera cobarde y despiadada, cometieron el asesinato. Se llama el primer testigo, Carlos Rivera”, insistió.

No obstante, el primer testimonio se escuchará el 12 de junio, cuando también se tomará juramento al testigo del ICF.

El juicio será transmitido, según validó el Tribunal Supremo. A tales efectos, el ministerio público radicó una solicitud de orden protectora, “en relación con que los testigos civiles no van a ser tomados por la cámara mientras están declarando”.

Cabe destacar que la familia de los acusados estaba presente en sala.

Una vez terminado el proceso judicial, la fiscal Estévez conversó con la prensa sobre la supuesta existencia de un vídeo ocupado durante el allanamiento a la casa de Ana Inés.

Esto, según planteó el licenciado Quiñones González, quien aseguró que supo del presunto filme mediante las expresiones del superintendente de la Policía en un canal de televisión.

“Lo que les puedo decir es que se hizo un allanamiento en la residencia de la señora Ana Napoleoni; se ocupó un equipo de grabación; se llevó íntegro, con todas las garantías de cadena de custodia, al Instituto de Ciencias Forenses; fue analizado; se emitió un certificado como que no existía disco duro en ese equipo. No se grabó nada”, aclaró.

“Le tenemos alto respeto y estima al señor superintendente. Pero quienes conocemos la prueba y el caso somos los investigadores y esta fiscal, que hemos estado desde el primer momento y estamos seguros y convencidos de que, no existe tal video”, añadió.

Pietri y Napoleoni, quienes a inicios de esta semana renunciaron al derecho constitucional de un juicio por jurado, enfrentan cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas y robo agravado. Mientras que la fémina tiene una acusación adicional de amenaza a testigo. Ambos se exponen a más de 160 años en prisión, de ser hallados culpables en todos los cargos.