Ponce. El futuro de Jeromy Pietri Napoleoni y Ana Inés Napoleoni Medina, acusados por el crimen del militar Jancarlo Rivera Lugo, estará en manos del juez Ángel Llavona Folguera del Centro Judicial de Ponce.

Ambos renunciaron al derecho constitucional de un juicio por jurado, decisión que reiteraron este lunes frente al magistrado, quien antes de declarar ha lugar sendas mociones presentadas por la defensa, se aseguró de que la determinación fue tomada “de manera libre, voluntaria, inteligente y bien informada”.

Los acusados acudieron hoy a la sala 502 a donde se iniciaría el proceso de desinsaculación del jurado, a través de cuatro paneles que fueron citados por el tribunal con el propósito de escoger a los hombres y mujeres que integrarían el grupo de 12 ciudadanos encargados de evaluar la prueba.

Sin embargo, el ejercicio no fue necesario al informar que prefieren un juicio por tribunal de derecho, el cual comenzará este miércoles, 17 de mayo con la juramentación a 24 testigos de cargo; nueve de ellos son funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses (ICP) en San Juan.

Según el abogado Carlos Torres Nolasco, representante legal de Jeromy Pietri, “la determinación de escoger un juicio por tribunal de derecho se basó en que este juez es la persona adecuada para ver este caso” y “que se valore lo que pase en sala”.

“El juez que tiene el caso es justo e imparcial, determina culpable o no culpable, de acuerdo a la prueba que desfila en sala, que es lo que nosotros necesitamos. Que no se deje llevar por versiones de prensa, quizás tergiversadas, o por algún testigo tergiversado o por alguna gente que manifieste de si existía un video o no existía un video”, sentenció.

Mientras que, Luis Quiñones González, abogado de Ana Napoleoni, resaltó que “ya conocemos (la prueba) y entendemos que el tribunal en sí está capacitado y, confiamos en él para la determinación”.

Destacó que esperó para notificarlo hoy, pues aguardaba por una resolución de la jueza Verónica Pagán en cuanto a la pasada vista de supresión de evidencia realizada la semana pasada, en la cual se solicitaba al tribunal que descartara el proceso que identificación de su clienta.

No obstante, la magistrada emitió un fallo adverso. Por eso, Quiñones González solicitó un tiempo adicional para informar al tribunal si apelará la determinación.

Por su parte, la fiscal Annette Estévez Serrano, resaltó que el ministerio público estaba preparado para comenzar el juicio este lunes.

“Nosotros veníamos preparados para que, en la eventualidad de que fuera renunciado el jurado; sentar nuestro primer testigo. El tribunal determinó comenzar el miércoles, porque la defensa solicitó que estuvieran todos los testigos en sala para ser juramentados”, expuso.

“Nuestra posición es que vamos a desfilar la prueba. Cómo se vea el juicio, es una decisión de defensa, por disposición de ley. Vamos a pasar la prueba igual, sea por jurado o sea ante el honorable juez”, argumentó.

No obstante, destacó que esto no demora el proceso judicial, ni pone en jaque al tribunal en cuanto al derecho a un juicio rápido, pues los términos del habeas corpus vencen entre finales de junio y principios de julio.

“Mañana (martes) habrá una reunión entre los abogados y esta fiscal, para ver qué prueba documental es estipulable. Eso adelanta los procesos y comenzamos el miércoles con el desfile de prueba. Son fechas que ya se habían escogido”, explicó.

“Estamos bien celosos del término habeas corpus y todavía no vence el término. Para la señora Ana Napoleoni sería a finales de junio y de Jeromy a principios de julio”, sostuvo.

El crimen de Rivera Lugo, quien era segundo teniente de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, ocurrió el 14 de noviembre de 2022, en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque en Ponce, cuando la víctima se disponía a comprar los adornos de Navidad junto con su pareja.

Jeromy Pietri y su madre, Ana Inés, enfrentan cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas, robo agravado. Mientras que la fémina tiene una acusación adicional de amenaza a testigo. Ambos se exponen a más de 160 años en prisión, de ser hallados culpables en todos los cargos.