El historial delictivo de Hermes “Gary” Ávila Vázquez, de 52 años, acusado por cargos de feminicidio, hurto de un vehículo, destrucción de evidencia y violación al artículo 6.6 (posesión de un arma blanca) de la Ley de Armas, se remonta al menos a unas tres décadas por diversos delitos.

En septiembre de 1994, Ávila Vázquez junto a dos hombres, a los que trató de implicar, fueron acusados por cargos de asesinato en primer grado, encubrimiento, conspiración y el crimen de tres mujeres, cuyos cadáveres en estado de descomposición fueron hallados por las autoridades entre los meses de mayo a agosto de ese año, en el barrio Guaraguao Arriba, en Bayamón.

A las mujeres, que supuestamente eran usuarias de drogas intravenosas, las recogió en la calle Santa Cruz en Bayamón el 1 de mayo, el 17 de julio y el 14 de agosto de 1994 y luego se alegó que las golpearon y degollaron, abandonando sus cuerpos a corta distancia. Durante el proceso, se presume que se desestimaron los cargos. El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) desconoce la disposición del caso.

Los nuevos cargos que Ávila Vázquez enfrenta por el crimen de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, cuyo cadáver fue localizado el domingo a las 4:29 a.m. en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos en Manatí, desempolvaron sus antecedentes penales que levantaron bandera sobre su peligrosidad, aunque demasiado tarde.

La mujer estaba semidesnuda, fue degollada y tenía heridas en la cabeza. No tenía ninguna relación con su asesino. Simplemente, compartieron en un negocio esa fatídica noche.

Tras cometer los hechos, se presume que el convicto se llevó el vehículo de la mujer marca Chevrolet Cavalier, color blanco, del 2000, el cual fue encontrado estrellado con un poste. Se presume que el hombre huyó a pie.

El 14 de febrero de 2005, Ávila Vázquez, de 52 años, vecino de Brisas de Tortuguero, en Vega Baja, fue sentenciado a cumplir 122 años en prisión por cargos de asesinato en primer grado, violación, secuestro e infracción a la Ley de Armas, por el crimen de la terapista física Celia López García, de 28 años.

En septiembre de 2004, la mujer salía de un centro comercial en Caguas para comprarle un bizcocho de cumpleaños a su esposo y, abordando una guagua tipo minivan, la degolló y profanó su cuerpo.

Según las reseñas periodísticas de la fecha, la marcó con el “frosting” del bizcocho. Este se llevó su vehículo y lo abandonó.

Las pruebas de ADN y un vídeo de las cámaras de seguridad donde se le veía acechándola fueron fundamentales para el esclarecimiento del caso. También se logró aclarar que sus compañeros de trabajo en una obra de construcción no tenían nada que ver con los hechos, aunque trató de vincularlos.

Antes de enfrentar estos casos, y mientras se completaban los análisis de ADN, el individuo fue acusado por la agresión sexual contra una peluquera de Caguas por hechos ocurridos dos semanas antes cuando aprovechó que iba a cerrar el negocio y le rogó que lo dejara pasar porque tenía que comprarle un regalo a su esposa, acorralándola.

Por otros sucesos de agresión sexual en noviembre del 1991 también mantiene su perfil activo en el Registro de Ofensores Sexuales.

El imputado, que laboraba en una institución penal mientras estaba sumariado, sufrió un accidente laboral que, presuntamente, le limitó su movilidad por una lesión en el cordón espinal. Este, presuntamente, burló el sistema y a los médicos que lo evaluaron haciéndolos creer que estaba parapléjico.

El 15 de abril de 2023 salió en libertad con un pase extendido tras acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, por razones de salud y quedó en libertad. Este vivía en la residencia de una amiga. Se investiga si tuvo una relación con una empleada del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Han sido numerosos los cuestionamientos sobre si su supuesta condición lo hizo elegible para el beneficio versus su peligrosidad.

Tal fue la sorpresa que, al momento de su arresto, se trasladó a la comandancia de área de Arecibo caminando con paso acelerado para evitar que su imagen quedara captada por las cámaras de televisión.

El DCR lleva a cabo una investigación sobre las circunstancias en las cuales se decidió dejarlo en libertad y le revocó el privilegio del que disfrutó durante un año.

El imputado fue ingresado en prisión al no prestar la fianza de $4 millones, hasta la vista preliminar pautada para el 7 de mayo.