Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio de 43 cargos contra una doctora y otras dos personas por “enriquecerse” con un fraude a Medicare, según un comunicado de prensa.

Según se indicó, Sophia Piñeiro-Ruscalleda, la doctora Alice Ruscalleda-Lebrón y Juan José Ruscalleda, ex funcionarios del grupo New Health Med Group, Inc. ( NHMG) enfrentan cargos por fraude en la atención médica, robo de identidad agravado, conspiración para cometer fraude en la atención médica y obstrucción de una investigación penal.

Los acusados fueron arrestados hoy tras una investigación encabezada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG). Un gran jurado emitió el pliego acusatorio el pasado 17 de junio.

Según el comunicado de la acusación, desde julio de 2015 hasta marzo de 2017, los acusados “se enriquecieron al presentar o hacer que se presenten reclamaciones falsas y fraudulentas al programa de Medicare”, esto al alegar que habían ofrecido unos servicios que en realidad nunca proveyeron.

Para el periodo de tiempo bajo investigación, los acusados sometieron a Medicare 2,711 reclamaciones utilizando varios identificadores de proveedores de servicios por un total de $194,960, y lograron obtener fraudulentamente $85,422 del programa federal.

“No se tolerará defraudar al programa de Medicare mediante la presentación de reclamacions falsos y continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a los responsables de sus acciones criminales”, dijo el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow. “Los profesionales médicos que roban fondos federales para el cuidado de la salud desvían los escasos recursos necesarios para brindar servicios esenciales a los beneficiarios”, dijo el fiscal.

Si se los encuentra culpables, los acusados enfrentan sentencias máximas de hasta diez años de prisión por cargos relacionados con fraude a la atención médica y conspiración para cometer fraude a la atención médica; hasta cinco años de prisión por la obstrucción de una investigación y un período obligatorio de dos años consecutivos en prisión por robo de identidad agravado.