La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU‑PR) rechazó este martes el Proyecto de la Cámara de Representantes 139, que, según su interpretación, pretende facultar a los cuerpos de Policía Municipal a ejecutar órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el cual podría bajar hoy a votación.

Según plantearon las enmiendas a los Artículos 3.025 y 3.035 de la Ley 107‑2020 (Código Municipal) permitirían a los municipios “establecer acuerdos de colaboración… con las agencias de seguridad pública del Gobierno federal” para “efectuar aquellas tareas que dichas entidades entiendan necesario delegarles”, extendiendo la jurisdicción municipal fuera de sus límites territoriales y otorgando a sus oficiales los privilegios de la Policía Estatal.

Esa intención contraviene, según ACLU-PR, la posición asumida desde el 2021 de parte de la Legislatura y la Fortaleza, que han prometido impulsar ordenanzas y leyes “pro‑inmigrantes”. El P. de la C. 139 va en dirección opuesta y socava la credibilidad del gobierno ante la diáspora y la comunidad internacional.

Por esa y otras razones, solicitaron su archivo y el de cualquier otra propuesta similar y que se convoque a nuevas vistas públicas que convoque a nuevas vistas públicas con participación de organizaciones comunitarias, expertos en derechos civiles y la propia población migrante ya que esos sectores no fueron invitados a presenciar sus ponencias.

La medida legislativa, de la autoría de los representantes Angel Morey Noble del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Swanny E. Vargas Laureano, del Partido Popular Democrático (PPD), que propone ampliar las facultades y deberes de los Cuerpos de la Policías Municipales, recibió la oposición del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Asociación de Alcaldes, en vistas públicas el 5 de marzo, de acuerdo con El Nuevo Día.

Este medio se encuentra en espera de que el representante Morey Noble, reaccione al respeto y aclare cual es la intención de dicha legislación.

La licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU‑PR, por su parte, planteó en declaraciones escritas que, autorizar a la Policía — en particular a la municipal— a firmar convenios con agencias federales de seguridad para asumir las tareas que estas les deleguen es, en realidad, un paso directo para convertir a las fuerzas locales en instrumentos de ejecución de la ley migratoria.

“Delegar funciones migratorias a la policía municipal local fractura la confianza comunitaria, disminuye la denuncia de delitos y expone a los oficiales municipales a demandas por violaciones a derechos civiles para las que el Gobierno federal no responderá”.

Mientras que, José F. Rodríguez Pérez, quien preside el Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, quien no conocía sobre el proyecto cameral, entiende, de primera intención, que es de corte racista.

“Dada la secretividad con que lo hicieron, se nota que el que lo radicó es un racista confeso, porque se declara en ese proyecto, en contra de la comunidad inmigrante residiendo en Puerto Rico y la mayoría en San Juan. Recordó que el alcalde capitalino prometió que la policía municipal no iba a cooperar con ICE.

A su vez, hizo un llamado a los organismos internacionales a intervenir para evitarlo.