La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció hoy que el Negociado de la Policía, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el gobierno incumplieron con la Reforma de la Policía durante los sucesos reportados durante la celebración de las manifestaciones de diferentes sectores del país con motivo de la conmemoración del Dia Internacional del Trabajador.

El licenciado William Ramírez Hernández, director ejecutivo la ACLU, interpretó los eventos como “un escarmiento” contra los manifestantes por los incidentes de violencia de la actividad el año pasado ya que a su juicio se les veía la intención de confrontación.

Según su análisis el año pasado la Policía confrontó problemas con la cadena de mando, pero esta semana ignoró en su totalidad la Reforma de la Policía por lo que responsabilizan al secretario del DSP, Héctor M. Pesquera.

El licenciado Josué González, por su parte, sostuvo que la Policía no solo ignoró la Constitución, sino que obviaron hasta los protocolos básicos y requerimientos de la reforma en cuanto al manejo de multitudes, el uso de fuerza y el despliegue de agentes químicos que provocó que personas que estaban participando de la manifestación de forma pacífica fueron agredidas por el despliegue indiscriminado de violencia.

Entre los señalamientos de la ACLU se estableció la agencia cerró el paso de los manifestantes por la vía pública lo cual es un derecho, no hicieron las advertencias para notificar su intención de lanzar gases lacrimógenos para dispersar la multitud, ni se dio oportunidad para que tomaran vías de escape ya que fueron acorralados por las avenidas y perseguidos hasta Río Piedras.

El uso de fuerza apuntó González, fue indiscriminado ya que manifestantes pacíficos, vendedores ambulantes, los observadores tanto de la ACLU como de otras entidades y miembros de la prensa fueron objeto de agresiones de parte de los agentes. 

“Lo que hay es un ánimo de represión, esto en el contexto de una Reforma de la Policía, los eventos que ocurrieron el primero de mayo y los que han ocurrido el primero de mayo del año pasado, fueron los eventos que produjeron la Reforma de la Policía, así que, para todos los efectos la Reforma no existe para la Policía de Puerto Rico”, aseveró González.

La ACU, envió un grupo de observadores para documentar el comportamiento de la Policía durante las actividades con el fin de evaluar si cumplían con la Constitución y los protocolos elaborados por la reforma y concluyeron que desde antes de su inicio la agencia actuó de manera represiva sin respetar los derechos del pueblo y que no hubo colaboración de los oficiales quienes abiertamente expresaron que no iban a cumplir con los protocolos porque no creían en ellos.

“El problema es que no hay voluntad para hacerlo si las personas a cargo de la reforma sencillamente como el señor Pesquera ha dicho reiteradamente que aquí no hay necesidad de reforma que aquí la Policía está haciendo todo bien, cuando sale el Gobernador la persona a cargo de la Policía de Puerto Rico y felicita a la Policía precisamente por sus actos y sus conductas por sus actos durante el primero de mayo sin darse la oportunidad de escuchar, de investigar, ese es el problema principal”, sostuvo la licenciada Nora Vargas, una de las observadoras.

En octubre la etapa de capacitación de la Policía debe haber concluido, sin embargo, según el análisis del licenciado González, no mostraron que tienen el adiestramiento necesario que se supone se adelanten a través de la reforma.

“Tenemos un retroceso peligrosísimo porque no solamente es que no cumplan es que adrede se ignora de parte del jefe de la Policía, de Pesquera y del Gobernador que se supone que sea su jefe y estas manifestaciones de felicitación ante un evento que ante todas luces fue caótico y abusivo ciertamente provoca mucha preocupación”, agregó González.

Ramírez detalló que el juez federal, Gustavo Gelpí, podría reabrir el caso donde cabe la posibilidad de que si se adjudica el caso se podría poner la agencia bajo algún tipo de sindicatura a la Policía.

El 17 de julio del 2013 el gobierno firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia Federal que tiene una vigencia de 10 años, el cual fue aprobado por el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico que contiene 301 requerimientos con los que la agencia tiene que cumplir para reformar a la Policía, los cuales se dividen en 11 Áreas de Cumplimiento.

En julio de 2008, el Departamento de Justicia Federal inició una investigación por alegados patrones o prácticas de violaciones de derechos civiles la cual culminó el 5 de septiembre de 2011 con la publicación de un informe en los que señalaba violaciones constitucionales por el uso de fuerza excesivo en violación; el uso de fuerza irrazonable y otra conducta impropia dirigida a suprimir el ejercicio de libertad de expresión y registros y allanamientos irrazonables.

El 5 de junio del 2014, el gobernador Alejandro García Padilla anunció la designación de Arnaldo Claudio, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, como el Asesor Técnico de Cumplimiento de la Reforma de la Policía de Puerto Rico.