El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) informó en la mañana del miércoles que la mujer acusada por el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda por presuntamente llenar más de 700 planillas fraudulentas no es CPA.

“En la tarde de ayer trascendió que el Departamento de Justicia presentó sobre 200 cargos contra una persona identificada como Annette Castro Méndez, por alegadamente radicar cientos de planillas fraudulentas, con información falsa para evitar que sus clientes pagaran al estado o para que recibieran reintegros ilegales. Es importante aclarar que esta persona no está registrada en nuestra institución como contadora pública autorizada”, informó por escrito la presidenta del CCPA, CPA Edmy Rivera.

“En el CCPA promovemos los más altos estándares profesionales y éticos para la práctica de la contabilidad pública en Puerto Rico. Exhortamos a los ciudadanos a visitar el Directorio de Firmas y Practicantes Independientes en nuestra página web (www.colegiocpa.com) para validar de manera gratuita y fácil quiénes están licenciados en Puerto Rico para ejercer como contadores públicos autorizados”, añadió.

Castro Méndez enfrenta 110 cargos criminales del Código de Rentas Internas por presentar planillas fraudulentas, 88 cargos por apropiación ilegal agravada de $7 millones, tres cargos de fraude y un cargo de falsedad ideológica.

Según se alega, en el año 2022 Castro Méndez ofrecía a sus clientes llenar planillas de contribución sobre ingresos garantizando la devolución de dinero en concepto de reintegros. Para esto, elevaba los gastos médicos y las donaciones, incluyendo información falsa sobre instituciones de salud y organizaciones sin fines de lucro.

Castro Méndez generó más de $265,000 en ingresos tributables por servicios de contabilidad, pero tampoco los reportó en sus planillas del 2019 al 2022, indicó Justicia.

También se alega del 2019 al 2021 Castro Méndez se apropió ilegalmente de depósitos del Departamento de Educación ascendientes a $70,000, aproximadamente, correspondientes al salario de una empleada que había fallecido en el 2018.

De igual manera, se alega que para los años 2020 y 2021 Castro Méndez solicitó y recibió sobre $40,000 del Departamento del Trabajo por los beneficios de desempleo bajo el programa Pandemic Unemployment Assistance (PUA). Esta indicó en su solicitud que por motivo de la pandemia se vio obligada a cerrar su negocio. Sin embargo, Castro Méndez continuó trabajando como especialista de planillas y generó ingresos, por lo que no le correspondía solicitar los beneficios del PUA.

La jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó anoche causa para arresto contra Castro Méndez y le fijó una fianza global de $23,200. La vista preliminar fue señalada para el próximo 20 de agosto.