La defensa de Ana Cacho se enteró de la decisión judicial de darle la custodia permanente de sus hijas al padre, Ahmed Alí González, por los medios de comunicación.

Y es que Cacho y sus abogadas, Sharon González y Brenda Rodríguez, están fuera de la Isla buscando información relacionada con el caso del asesinato del niño Lorenzo, de ocho años, ocurrido el 9 de marzo de 2010.

“Estamos fuera de Puerto Rico atendiendo asuntos relacionados al caso de la señora Ana Cacho que, en su día, se va a verter toda la verdad, la verdad que Puerto Rico no conoce. La verdad que Puerto Rico conoce ha sido la verdad que el Gobierno ha querido llevar, que terceros han querido llevar. Puerto Rico sólo ha escuchado una parte y en su día escucharán la otra parte”, indicó González a la emisora radial WKAQ.

Recordó que no puede hablar del caso por la orden de mordaza emitida por la jueza Sonia del Toro, del Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Bayamón, quien el jueves entregó la custodia permanente de las niñas de seis y 14 años al padre y prohibió a la madre y a sus familiares verlas. Además, le otorga diez días para que demuestre que no violó la orden de mordaza.

“Una vez más, no tenemos la oportunidad de analizar los documentos, que salen del tribunal, de primera mano. Nos enteramos a través de los medios. Ésta es otra ocasión más en que Ana Cacho no tiene la oportunidad de defenderse por dos razones: primero, porque es la última en enterarse y, segundo, porque estamos impedidos por ley y por la ley de mordaza”, dijo González, quien analizará la determinación y las opciones legales por seguir una vez regrese de viaje.

El ex abogado de Cacho y ex secretario de Justicia, Antonio Sagardía, opinó que la decisión de la jueza “violenta derechos constitucionales” porque excluye a miembros de la familia que no han tenido su día en corte para defenderse, además de que no detalla quiénes.

“Nuevamente, es un abuso de discreción de la señora jueza. No he visto un caso en Puerto Rico donde se separe permanentemente a una familia materna. Aquí, personas acusadas de maltrato se les da la oportunidad a la reunificación familiar. Aquí, sin haber sido acusada, ya se le ha sentenciado. Se le ha penalizado con sus hijas”, expresó Sagardía.

“Parece que es, ‘como no quieres declarar lo que yo quiero que digas, te voy a penalizar’. Esa orden judicial tiene serios problemas de índole constitucional”, agregó.

Por su parte, la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, estuvo satisfecha con la determinación judicial, ya que está acorde con las recomendaciones de la agencia que dirige.

“Nuestra posición es que las niñas están bien donde están”, manifestó Irizarry.

Cacho no ve a sus hijas desde el 30 de marzo de 2010, cuando fueron removidas de su hogar poco después del asesinato de Lorenzo. En octubre se las dieron a su papá.