El Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) objetó este jueves la inclusión de los servicios legales y notariales en la aplicación del propuesto Impuesto al Valor Añadido (IVA) con el argumento de que los encarecería con el resultado de un efecto adverso en el acceso de la ciudadanía a la justicia.

“El impuesto establecería un gravamen avasallador sobre todo nuestro sistema de justicia, en todas las esferas del ejercicio del derecho”, afirmó el presidente de la entidad Mark Anthony Bimbela ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Enumeró los efectos de extender un impuesto al consumo sobre los servicios legales en las distintas ramas del derecho y concluyó que este “puede incidir sobre los derechos, sustantivos y procesales, que cobijan al ciudadano en los procesos legales de naturaleza judicial, administrativa y notarial”.

Destacó la situación de un proceso judicial en el que el estado, no solo estaría promoviendo una acusación contra un imputado, sino que le estaría obligando a pagar un impuesto por el proceso que se lleva en su contra.

Resaltó igualmente el impacto de un impuesto sobre los procesos de derecho de familia, derecho de alimentos, el derecho civil y el derecho laboral.

Rechazó igualmente la aplicación de nuevos impuestos a la práctica de la notaría y recordó que los honorarios notariales ya están reglamentados y existe un arancel fijo en la autorización de documentos públicos.

Por otra parte Bimbela sostuvo que, a diferencia de los demás países donde se aplica el IVA, la implantación de ese sistema en Puerto Rico tiene que enfrentar la carencia de “completa y absoluta soberanía tributaria”.

“(Los otros países) Son capaces de establecer tarifas aduaneras, tratados comerciales, y tienen sus propias leyes de cabotaje. Países cuyas contribuciones y leyes proteccionistas no están sujetas a la cláusula del comercio interestatal de la Constitución de los Estados Unidos de América ni a la Ley de Relaciones Federales. Países que sus economías no están integradas a la de Estados Unidos por obligación”, señaló.

Recomendó el Colegio de Abogados la creación de una “Comisión Independiente Permanente” adscrita a la Universidad de Puerto Rico que tendría como misión “investigar la situación fiscal del gobierno, establecer un perfil claro del evasor y hacer las recomendaciones pertinentes para reestructurar el gobierno y proponer medidas a corto y largo plazo de índole fiscal”.

Según la propuesta que presentó Bimbela, la integrarían profesores e investigadores de las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Administración de Empresas, Administración Pública y la Escuela de Planificación, con el apoyo del Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Asociación de Economistas.

Además del CAPR comparecieron hoy ante la mencionada Comisión los Colegios de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico; y de Arquitectos y Arquitectos paisajistas.

Ambas entidades reclamaron igualmente que se exima a sus miembros de la aplicación propuesta del impuesto a los servicios y señalaron, al igual que lo hicieron previamente ante la Cámara de Representantes, que la situación de la industria de la construcción, de la que dependen, no tolera un impuesto que encarezca los costos del sector.