Los abogados de defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, solicitaron anoche que se suspenda todo trámite para dictar una sentencia en su contra hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos atienda un caso judicial que pudiese incidir en el curso del soborno que se le imputó.

Según adelantaron en la moción radicada por los abogados Eduardo Ferrer, Osvaldo Carlo y José Olmo, se espera que la decisión del Supremo sea emitida para junio de 2024.

Como parte de sus argumentos, se estableció que “el acusado resultará gravemente perjudicado si se ve obligado a gastar recursos para prepararse para la sentencia y pasar por el proceso de sentencia por conductas que el Tribunal Supremo puede determinar que no son un delito en lo absoluto”.

El caso al que aludieron los abogados es el del exalcalde de Hammond, Indiana, James E. Snyder versus Estados Unidos. El mismo alude a que el soborno se configura cuando se recibe algo a cambio de una compensación. Específicamente, indica que “se requiere un quid pro quo para demostrar el soborno”.

Mientras, la Fiscalía federal, representada por el fiscal Nicholas Cannon, clamó esta tarde que se deniegue la solicitud.

Si la jueza federal Aida Delgado Colón determina suspender la sentencia, pautada para este próximo lunes, 12 de febrero, a las 3:00 p.m., sería la tercera ocasión que la aplaza. Es que ya fueron suspendidas dos fechas previas, el 8 de agosto y el 11 de diciembre de 2023.

Cabe destacar que esta moción para detener la sentencia se radicó a pocas horas de que la jueza federal determinara denegar a la defensa de Pérez Otero la segunda solicitud que le realizaron para desestimar el caso.

En esta moción radicada anoche, los abogados establecieron que el caso de Snyder incide en el de Pérez Otero, convicto por conspiración, soborno y extorsión.

“Si el Tribunal determina que el estatuto no incluye propinas (o compensaciones) y penalizan sólo el soborno quid pro quo, entonces el acusado tiene derecho a la absolución, porque el Gobierno no pudo demostrar un quid pro quo explícito o, como mínimo, (tendría derecho a) un nuevo juicio, porque el jurado podría haber declarado culpable al acusado basándose en la provisión de propinas legales. Si la Corte Suprema sostiene que el estatuto abarca las compensaciones, pero que el soborno según el estatuto requiere un quid pro quo (como el propio Tribunal de Circuito de Apelaciones sostuvo en el caso Snyder), se requiere la absolución porque el Gobierno no ofreció ninguna prueba de un quid pro quo o prueba de que los tres pagos de $5,000 realizados por el señor (Oscar) Santamaría tenían como objetivo recompensar al señor Pérez Otero por cualquier cosa que ya hubiera hecho”, alude la moción.

En parte, los abogados alegaron que durante el juicio realizado contra Pérez Otero en marzo del 2023 no se demostró tal “quid pro quo”.

“En nuestro caso, a Pérez Otero sólo se le acusa por aceptar tres pagos de Santamaría realizado con fondos del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) y que tuvo lugar también después de que el contrato fuera adjudicado a Island Builders, (empresa de Santamaría). Por lo tanto, como argumentamos en nuestra moción, los pagos no podrían constituir sobornos, ni extorsión, sino más bien una propina”, alude el documento.

Establecieron que surgió del testimonio que dio Santamaría durante el juicio que sólo hubo “una comunicación original sobre ayudar con la campaña, no hay ninguna conversación sobre cómo realizar pagos en intercambio por contratos o cualquier otra cosa entre Pérez Otero y Santamaría”.

Pero, la Fiscalía federal defendió su caso en la moción.

Aludieron a que “Santamaría realizó los pagos en efectivo con la intención de influenciar en Pérez Otero, y que Pérez Otero los recibió a escondida con la intención de dejarse influenciar con los contratos municipales”.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario colombiano Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresario daba dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Según la Fiscalía federal, Pérez Otero recibió entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo.

La defensa de Pérez Otero intentó establecer sin éxito, durante el juicio, que el dinero que Santamaría le entregaba al exalcalde eran donativos para su campaña política y no el producto de una extorsión.

La Fiscalía federal solicitó una sentencia contra el exalcalde de entre cinco años y tres meses a seis años y seis meses en prisión.