“La gobernadora es inocente y quiere que el país sepa que ella no se lucró, que ella no se llevó un peso”.

Así lo informó uno de sus abogados, Ignacio Fernández De-Lahongrais, al establecer la razón por la cual Wanda Vázquez Garced y su equipo legal ha divulgado públicamente la amenaza que atraviesan de una posible acusación por presuntas ilegalidades cometidas durante su campaña primarista a la gobernación del 2020.

En entrevista con Primera Hora, el litigante en la corte federal expresó que la exgobernadora se siente “destruida”.

“Se siente traicionada, destruida. Se siente que he hecho todo este esfuerzo (por gobernar al país) y ahora los federales me están acusando. O sea, todo el peso del gobierno federal está en contra de ella ahora, imagínese cómo se debe sentir”, afirmó.

En su argumentación, Fernández De-Lahongrais aludió a que la exfuncionaria es una “servidora pública de carrera”, que tuvo que entrar a la política ante la crisis constitucional que surgió por la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. Señaló que asumió las riendas del país para cumplir con su responsabilidad, por la que puso todo su empeño y sacrificio por el bienestar del pueblo.

“Se enfrenta, posteriormente, a los grandes poderes económicos, (Pedro) Pierluisi y sus secuaces”, comentó el abogado, al llegar al periodo de la campaña política en la que Vázquez Garced buscó permanecer en la gobernación bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Se le cuestionó si la expresión surgía como justificación a alguna irregularidad, a lo que afirmó que no trataba de excusar ningún comportamiento. Aludió a que solo quería ofrecer un trasfondo.

Asimismo, Fernández De-Lahongrais rechazó que estén en comunicación o negociación con las autoridades federal para evitar un arresto de Vázquez Garced y que se le permita entregarse.

Explicó, sin embargo, algunos señalamientos públicos que se han realizado del posible caso federal que enfrentaría Vázquez Garced.

Entre otras cosas, ha trascendido que la exgobernadora recibió a modo de donativo una encuesta política a cambio de favorecer a un banquero venezolano, que ha sido identificado como Julio Herrera, con el despido del entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Richard Joyner Kelly.

La renuncia del funcionario se dio el 6 de marzo de 2020. Trascendió en aquel entonces que supuestamente había sido forzado a dimitir.

“Número uno”, afirmó el abogado, “esa encuesta no fue solicitada por la gobernadora. Esa encuesta la hicieron unas personas por su cuenta. Esa encuesta la tenían muchísimas otras personas. No solamente la gobernadora. La gobernadora, cuando esa encuesta se hizo, ya varias personas la tenían. La gobernadora nunca la utilizó. Esa encuesta supuestamente tenía a la gobernadora aventajando a Pierluisi en las primarias y ella no la utilizó, no la divulgó a la prensa, no la llamó a usted a decirle: ‘mire, tengo esta encuesta, vamos a publicarlo’. O sea, es algo que hicieron tercero, sin conocimiento de la gobernadora. Algo que la gobernadora no utilizó, no divulgó, no le sacó ningún provecho. O sea, que yo no sé cómo eso puede ser un donativo ilegal cometido por la gobernadora. Quizás aquellos cometieron un delito de haber hecho una encuesta. Pero, no, a la gobernadora no se le puede imputar lo de los actos de esas personas que hicieron por su cuenta”.

Rechazó que la salida de Joyner Kelly estuviese vinculada al banquero. Aludió a que había una investigación del Fiscal Especial Independiente que lo vinculaba y que llevaron a quitarle la confianza.

“Primero, la Ley de Banca Internacional de Puerto Rico está apoderada, es idéntica y está en consonancia con las reglas del Internal Revenue Code de Estados Unido. Nuestra ley también tiene que estar conforme con los reglamentos del IDFC. O sea, pretender que la gobernadora por sí podía cambiar esta ley para favorecer a una persona en particular, cuando esa ley tiene que cumplir con tantos requisitos federales, me parece un poco ingenuo pensar de que la gobernadora en realidad podría hacer eso por una encuesta. O sea, ¿en serio? ¿Por una encuesta? No, a mí no me ha hace sentido”, estipuló.

Al hacer la detallada explicación, el letrado aceptó que desconoce si finalmente su cliente sería acusada por delitos relacionados a lo que ha trascendido públicamente.

“El gobierno (federal) no me ha dicho porque sería acusada, si es acusada”, detalló.

Fernández De-Lahongrais expuso que, si surge alguna acusación, sería por algo técnico.

“Técnico en el sentido de que usualmente delitos de parte de políticos qué son, que aceptan dinero o se lucran, cogen relojes, como el alcalde de Cataño, (Félix “El Cano” Delgado), y cogen soborno, etcétera. Ese es el delito típico de lucro. Ese es fácil de ver. En este caso, en un caso técnico sobre la definición de un donativo político. La gobernadora, no hay duda, que no se lucró de nada. No recibió un peso indebidamente. O sea, ella no se llevó un peso al bolsillo. El delito va a ser, si esa encuesta que terceros hicieron sin conocimiento de la gobernadora y que la gobernadora nunca utilizó y tampoco la divulgó para tercero, que no la divulgó para beneficiarse, si eso es un donativo o no o si es un donativo ilegal. Y, si es dentro del donativo ilegal, quién cometió el delito”, comentó.

Según su experiencia, Vázquez Garced podría ser procesada luego de que se lleve a cabo el proceso judicial contra la persona que supuestamente coopera con las autoridades federal y de quien se alega ha alcanzado un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales, John Blakeman. El caso pudiese estar citado para este próximo jueves.

De inmediato, se le cuestionó al abogado si cree que Blakeman tenga información que apunte a que la exgobernadora cometió algún delito.

“Bueno, si dice la verdad, lo único que podría decir es que la que la gobernadora Wanda Vázquez no ordenó esa encuesta, no se benefició de la misma, no hubo ningún tipo de ‘quid pro quo’ sobre la encuesta y la salida de Joyner. Si dice la verdad, eso es lo que tendría que decir”, sostuvo.

También se le preguntó al abogado sobre la posibilidad de que el inversionista Fahad Ghaffar colabore con las autoridades federales en la pesquisa. Las alegaciones divulgadas por varios medios de comunicación apuntan a que este fue el que le dio al esposo de Vázquez Garced, el exjuez Jorge Díaz Reverón, un auto BMW.

El abogado señaló que solo podría especular sobre la implicación.

“Sale lo del carro, porque cieramente fue noticia lo que pasó y traer el carro como que le da un poco de chispa o de pique a lo que está pasando con la gobernadora. Pero ese carro no tiene nada que ver con esto y eso es ya ‘old news’. Sobre Fahad en particular, la verdad que no tengo nada que decir. Siempre hay rumores sobre él sobre que no es una persona muy confiable. Pero, el carro no tiene nada que ver con este caso”, dijo.

Finalmente, se le cuestionó sobre la filtración de un documento en este posible caso contra su clienta. Señaló que desconoce si es cierto que las autoridades federales han emprendido una investigación para indagar quién pudo haber cometido el delito de divulgar información confidencial de la corte federal.

Afirmó, sin embargo, que “en la medida que eso haya socavado los derechos de la gobernadora, utilizaríamos eso en su defensa”.