El abogado notario Antonio M. Peluzzo Perotín, a quien se le imputa falsificar documentos y firmas de jueces para otorgar licencias de portación de armas a cientos de ciudadanos, permanecerá detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, luego de que se le denegara libertad bajo fianza.

El magistrado federal Bruce McGiverin emitió hoy la resolución en la que le deniega fianza, luego de escuchar a las partes en la vista relacionada el 23 de diciembre pasado.

"Encuentro que no hay condiciones o combinación de condiciones que razonablemente aseguren la seguridad de la comunidad o la comparecencia del acusado a los procesos judiciales. Primero por la naturaleza de las ofensas que se le imputan en la querella criminal, que detallan que el acusado facilitó 100 permisos fraudulentos para portar armas de fuego. Estas ofensas representan un obvio peligro para las autoridades de ley y orden y para la comunidad a raíz de la rampante violencia con armas ilegales en Puerto Rico”, expuso el magistrado.

 “Además, noto que hay aparente evidencia sólida, y el abogado aceptó que su representado confesó las alegaciones luego de su arresto. Finalmente, tengo poca confianza en este momento de que el imputado cumpliría con las condiciones de libertad que establezca la corte, dado a que las ofensas imputadas las hizo falsificando firmas de jueces y sellos. El acusado deberá permanecer detenido en espera de futuros procesos", ordenó McGiverin, quien pautó la vista preliminar de este caso para el 2 de enero de 2014.

Aunque al momento la denuncia a nivel federal contra Peluzzo Perotín es con relación a 100 personas a las que les tramitó el permiso de portación de armas fraudulentamente, los fiscales José Capó y Luke Cass indicaron que han recibido múltiples llamadas de individuos que el abogado de la armería The Lawman Gunshop asistió en el proceso y temen que el número de implicados sea de hasta cinco mil.

Según la denuncia, Peluzzo Perotín enfrenta 100 violaciones de falsificación de jueces, sellos y órdenes de los tribunales de Caguas, Humacao, Bayamón, Aibonito y San Juan, además de 100 violaciones por causar u ocasionar la creación de identificaciones falsas para que sujetos porten armas de fuego, y otras 100 violaciones de robo de identidad agravada, para un total de 300 violaciones.

Se alega que el abogado notario cobraba entre $1,000 y $1,500 para conseguir los permisos de portación de armas, lo que hizo falsificando firmas de jueces y mandó a construir un sello del tribunal en OfficeMax, y de forma expedita, sin que los clientes tuvieran que ir a un tribunal y presentar testigos de buena reputación, como se supone. Se estima que el 20% de las personas que obtuvieron el permiso de portación a través del hoy imputado no tenían el permiso de posesión, prerequisito para poder portar el arma. Y al menos uno tenía historial criminal, y otros deudas de pensión alimenticia.

"Todavía estamos investigando... Estamos bien preocupados que, aunque no todos, algunos tienen récord criminal o encuentros con la ley. Estos lo hicieron a sabiendas porque no había otra forma de obtenerla. Otros lo hicieron a través del abogado y otros a través de la armería. Y nos preocupa que el número de personas pueda subir a miles, hasta 5,000 personas", indicó Capó durante la vista la semana pasada.

Su abogado, Jorge Armenteros, argumentó que los delitos que enfrenta su representado no son de violencia y que podían implantarse condiciones para garantizar su comparecencia. Ofreció además una fianza de entre $100 mil y $150 mil, además de supervisión electrónica.

El abogado Luis R. Rivera Rodríguez se unió a su representación legal de Peluzzo Perotín.

Los fiscales plantearon que "el crimen lo cometió por años desde su casa" y que cuando lo fueron a arrestar, tenía un pillo de electricidad en su residencia, aunque ganaba $400 mil al año. No obstante, no lo reportaba en la planilla. Se estima que en total se apropió de $1.8 millones.

El cargo por falsificar documentos conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel, 15 años por la creación de identificaciones falsas. Además, enfrenta dos años de cárcel mandatorios por robo de identidad agravada.