En una movida un tanto inusual, el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, se sentó a declarar en el caso federal en su contra por presuntamente haber cometido fraude contra el gobierno federal en relación con los pagos de salarios a 28 empleados municipales.

Nazario fue anunciado por la defensa al cierre del decimoprimer día del juicio y se defendió como gato bocarriba, primero buscando la simpatía del jurado apelando a su pasado humilde y su presunta labor en favor de la gente de su pueblo, y luego repartiendo a terceros las culpas por los muchos errores de finanzas y recursos humanos presentados durante el juicio que ocurrieron bajo su administración en Yauco.

El testimonio de Nazario no ha concluido y se espera que mañana sea contrainterrogado este viernes. Luego el caso entraría en su etapa final.

El senador está acusado de haber cometido fraude y haberle mentido al gobierno federal, violando así un acuerdo al que había llegado con el Departamento del Trabajo federal, para pagar las horas voluntarias que habían trabajado un sinnúmero de empleados sin ser remunerados entre 2012 y 2014, práctica que se determinó era contraria a las leyes laborales.

Según ha transcendido por la evidencia mostrada en corte, Nazario, que para entonces era alcalde de Yauco, se habría valido de diferentes estrategias para hacer creer a empleados que el cheque que estaban recibiendo para pagarle por las horas voluntarias, según el acuerdo con el DT federal, era un pago por algún otro concepto, como salario por adelantado, y luego dejaban de emitir sus pagos de nómina regular, o cancelaban los cheques emitidos. Al no saber que el cheque era por las horas voluntarias, los empleados asumían que se les continuaba remunerando por su trabajo.

La defensa de Nazario, en tanto, como parte de su estrategia ha presentado testigos que buscan poner en duda la credibilidad de varios testigos presentados por la fiscalía, así como sus testimonios. De manera simultánea, busca crear una impresión de que cualquier acción de Nazario que pudiera percibirse como negativa habría sido sin mala intención, y que en realidad entonces alcalde de Yauco solo perseguía ayudar a sus empleados.

Antes del testimonio de Nazario, la defensa de Nazario, formada por los abogados María Domínguez, Edga Vega, Javier Micheo y Carlos Andréu, trajo a un perito en cuentas y leyes que llevó a cabo un estudio de todos los 28 casos en que, según la fiscalía federal, el municipio de Yauco bajo la administración de Nazario dejó de pagar a empleados a pesar que, según se alega, habrían estado trabajando, entre 2015 y 2016.

Sin embargo, el informe del perito fue triturado por el fiscal federal Scott Anderson, quien lleva el caso junto a la fiscal federal Myriam Fernández.

En ese punto, se sentó a declarar Nazario. A preguntas de Domínguez, habló de sus orígenes y ascenso a la vida política. Dijo que creció en el barrio Susúa Alta, en el sector Río Cañas, en Yauco, y agregó que todavía vive en ese mismo lugar. Habló de su origen humilde, con su papá que era cortador de caña y su mamá costurera. Añadió que ambos viven todavía, su papá con 95 años y padecimiento de Alzheimer y su mamá con 89 años.

Describió que estudió en la escuela pública en Yauco y luego se graduó de bachillerato y comenzó bien joven a trabajar en el Senado y como profesor universitario. Luego, en 2000 fue electo alcalde de Yauco.

En ese punto, Domínguez destacó que su salario al convertirse en alcalde disminuyó considerablemente, de unos $99,000 al año a tan solo $18,000 a $22,000 al año. Nazario sostuvo que decidió hacer el cambio a pesar de la perdida económica, porque “quería devolver a mi ciudad lo que me había dado cuando niño”.

Nazario afirmó que como alcalde “tenía muchas responsabilidades” de gerencia y administración del municipio, su representación ante los gobiernos estatal y federal, la atención de la comunidad y el desarrollo de planes estratégicos de desarrollo. Además, en la estructura del municipio tenía bajo su dirección 15 departamentos consolidados, con más de 1,000 empleados que luego se redujeron paulatinamente hasta 640.

Añadió que trabajaba todos los días de la semana, usualmente desde tan temprano como las 5:00 a.m. hasta tan tarde como las 10:00 p.m. Al menos tres días a la semana, se dedicaba a atender al público “porque nuestro pueblo es de los más pobres del país, con mucha población rural, y un día no daba, porque iban mínimo 200 a 250 personas por día… con todo tipo de problemas”.

Sostuvo que trabajaba 14 horas o más al día, y calculó que cobrara menos del salario mínimo, con un salario mensual de $3,000 que luego se rebajó a $1,500 “porque era injusto que se le rebajara a los empleados y yo me quedara con lo mismo”.

Ya entrando en temas vinculados al caso, Nazario sostuvo que las horas voluntarias no fueron una imposición suya, sino que surgió de una asamblea con los empleados.

Nazario confirmó que tenía dos choferes que trabajan alternándose en turnos de tres o cuatro días a la semana, y siempre había al menos uno de ellos a su lado, en todo momento, en una línea de preguntas que buscaba dar validez al testimonio de Jose Cinigaglia, que a su vez trató de desmentir a testigos de fiscalía.

El exalcalde también habló de las operaciones de la oficina de recursos humanos y dijo que no intervenía en sus trabajos.

Afirmó que si bien es cierto que nadie sin contrato debía trabajar en el municipio, admitió que “varias veces” sucedió que alguien trabajaba sin contrato y luego había que hacer ajustes para poder remunerarle alargando el contrato o concederle horas compensatorias en el presupuesto siguiente. Luego dijo que todos los días de pago “siempre había alguien, cinco o seis, que llegaban a decir que no habían recibido el cheque”.

Sin embargo, defendió que no era responsable por dar seguimiento al estatus de un contrato. En cambio, afirmó, ese seguimiento le correspondía a recursos humanos, el jefe del departamento del empleado, y el empleado mismo que “tiene copia del contrato y además se le envía una notificación cuando está a punto de vencer”.

“No me correspondía estar pendiente a los contratos. No era mi responsabilidad”, insistió Nazario.

Agregó que, si el empleado no avisaba, no había un mecanismo en recursos humanos para avisar que no se le había pagado.

Sostuvo, sin embargo, que los días de cobro, si alguien no había cobrado se llamaba a recursos humanos para que resolviera, y los empleados de finanzas y recursos humanos eran los últimos en cobrar y no lo hacían hasta que todos los demás recibieran su cheque.

De la misma forma, Nazario se desligó por completo del proceso de cancelación de cheques, asegurando que no era su responsabilidad, y alegando que no intervenía en ese “proceso técnico” que estaba en manos de una cadena de empleados.

Domínguez cuestionó entonces por qué, si como se ha demostrado en el juicio recursos humanos cometía tantos errores, no tomaba medidas al respecto.

“Lo que pasaba es que eran empleados difíciles, y no podía tocarlos porque eran permanentes”, alegó Nazario, agregando que comoquiera redujo los problemas que habían antes de su gestión, y que al final de cuentas los problemas “se resolvían”.

Nazario afirmó que, luego que se firmara el acuerdo con el DT federal, él informó a todos los empleados en una asamblea que se pagarían las horas voluntarias. Añadió que luego, cada día 15 del mes, cuando repartían pagos regulares, al anunciar quienes serían los que recibirían ese día el cheque del acuerdo, reiteraba que era por las horas voluntarias.

Aseguró que sí divulgó el acuerdo con el DT federal colocándolo en el tablón del salón anexo al que iban los empleados a recoger sus cheques regulares cada quincena o mes.

De igual forma, el exalcalde aseguró que le daba a cada empleado el formulario WH-58 y que no le entregaba el cheque a ninguno si no firmaban el formulario. Admitió que no les leía el formulario porque no le habían orientado al respecto, pero dijo que la excepción fueron los casos de tres empleados a los que sí les leyó el formulario, uno porque no sabe leer y dos porque son no videntes, una de ellas que declaró en el proceso en contra de Nazario.

Domínguez abordó a Nazario sobre la denuncia de un empleado que afirmó que la firma en el WH-58 no era la suya. “¿Usted falsificó esa firma o no?”, preguntó directamente la abogada.

“No. Si lo hacía se me acusa de falsificación de documentos”, respondió el senador.

“¿Alguien más lo falsificó?”, insistió Domínguez.

“Imposible. Porque yo entregué todos esos cheques personalmente”, dijo Nazario.

Antes del testimonio de Nazario el abogado y contador público autorizado (CPA) Rogelio Rosado Cabrera presentó un informe que el buscaba poner en dudas los cálculos hechos por la fiscalía sobre el dinero que se le dejó de pagar a empleados bajo la administración de Nazario.

Curiosamente, el informe del perito, asumiendo que fuera correcto, comoquiera determinaba que, en efecto, Yauco debía dinero a sus empleados, si bien era solo $6,829.52, una cifra considerablemente inferior a los $44,737.19 que la fiscalía indica le adeudan a los empleados

Pero el contrainterrogatorio del fiscal Anderson trituró el informe llevando al perito a admitir que había cometido varios errores en el mismo e ignorado otros aspectos relevantes, toda vez que se había limitado en su estudio a los documentos e instrucciones que le había dado la defensa.

Originalmente, Nazario estaba acusado de 37 cargos, 30 cargos por cada caso de empleado que habría resultado engañado, y en consecuencia habría constituido un fraude y violación al acuerdo con el DT federal. También estaba acusado de otros siete cargos de fraude electrónico, por el envió al DT federal de documentación falsa relacionada al acuerdo a través de medios electrónicos. Sin embargo, tres de los cargos fueron eliminados, luego que la fiscalía renunciara a presentar a dos de empleados que habrían sido engañados, y con ello se fue también uno de los cargos de fraude electrónico porque eran documentos relacionados a uno de esos dos empleados. En suma, el senador enfrenta ahora solo 34 cargos.