El exsenador Abel Nazario Quiñones, quien enfrenta actualmente un proceso judicial por corrupción ante el Tribunal Federal de Puerto Rico, solicitó a esa corte a través de una moción una nueva fecha para una vista de cambio de alegación de culpabilidad, luego de que la fiscalía federal le presentara una propuesta que describe como a un “acuerdo en principio”.

En este caso, el también exalcalde de Yauco está acusado junto a otras siete personas de robo o soborno involucrando fondos federales. Según ha trascendido, se alega que Nazario Quiñones participó de un esquema en el que, junto a otros dos coacusados, pagaban al resto de los coacusados con fondos municipales mientras trabajaban para la campaña senatorial de Nazario Quiñones.

Relacionadas

De acuerdo con la moción, la defensa de Nazario Quiñones, liderada por la abogada María Domínguez, indicó al tribunal que la fiscalía federal le sometió el 29 de agosto pasado una propuesta para declararse culpable que están considerando.

Sin embargo, la abogada aclara en esa moción sometida ayer martes que no ha podido estudiar dicha propuesta detenidamente con su cliente por encontrarse fuera de Puerto Rico, en un viaje de negocios en Miami, Florida.

La defensa solicita al tribunal federal que se conceda una nueva de fecha para la vista de cambio de alegación de culpabilidad, para más adelante en esta semana o la semana próxima, según la disponibilidad de la corte.

De igual forma, la moción solicita al tribunal que le permita al abogado Javier Micheo Marcial, presentarse en lugar de la abogada Domínguez en la vista que tendría lugar hoy, miércoles.

En este caso, al menos dos de los coacusados ya hicieron alegación de culpabilidad, y otros estarían evaluando hacerlo.

Según el cargo, de ser hallados culpables podrían enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión y multa de hasta $250,000.

En otro proceso por corrupción separado reciente, Nazario Quiñones fue hallado culpable en marzo de 2020 de 28 cargos de presentación de documentos falsos y fraude electrónico por un esquema del que participó mientras era alcalde en Yauco, en el que se le pagaron salarios incorrectos o se les dejó de pagar salarios a varios empleados municipales, a pesar de que el municipio ya había sido advertido previamente por autoridades federales de que tenía que desistir de prácticas similares y, en cambio, debía tener en práctica un plan para corregir esa situación.