A siete meses de haber sido acusado por la fallida compra de pruebas para detectar el COVID-19 durante el inicio de la pandemia en el 2020, Aaron Vick, quien era representante de la empresa de construcción con la que el Departamento de Salud intentó realizar la adquisición, llegó a Puerto Rico a comenzar el proceso judicial.

El fiscal especial independiente (FEI), Ramón Mendoza, confirmó a Primera Hora que Vick acudió en la tarde de ayer al Tribunal de Primera Instancia de San Juan a entregarse y esta mañana fue fichado en la Oficina del Panel del FEI.

Vick, quien reside en Estados Unidos y fungía como enlace de la empresa Apex General Contractors en la transacción con Salud, fue acusado en ausencia el 4 de noviembre, junto a Juan Maldonado. Se le imputaron cargos por tentativa de fraude, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en procesos gubernamentales.

Fue el 26 de marzo de 2020 que se le adjudicó el contrato de $38 millones a la empresa constructora Apex para venderle pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno de Puerto Rico y que concluyó con la acusación contra Vick y Maldonado. El contrato fue cancelado, luego de que un banco detuviera la millonaria transacción y los detalles de la irregular compra salieran a la luz pública.

Según trascendió, en un proceso expedito, el gobierno pretendió comprar a sobreprecio a la empresa de construcción un millón de pruebas serológicas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero con conexión con el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De las declaraciones juradas levantadas en la pesquisa surge que varios funcionarios y personas sin autoridad legal intervinieron indebidamente con los procesos de compras, indicó el Panel del FEI en diciembre pasado. Ello incluyó presionar a la entonces secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige.

En una vista citada por el tribunal, el abogadode Vick, Leonardo Aldridge, explicó que el acusado no acudía a enfrentar los cargos debido a que habían sometido un planteamiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal federal porque el Programa de Servicios con Antelación al Juicio le denegó diferirle la fianza.

Este viernes, Aldridge indicó a este diario que no emitiría ninguna expresión sobre el caso de Vick.

No obstante, Mendoza detalló que Vick acudió en la tarde de ayer a entregarse ante el tribunal estatal, ya que el litigio federal que se emprendió no prosperó.

“Allí volvió a hacer el planteamiento de asunto constitucional que se había declarado no ha lugar en el tribunal federal”, expuso.

Indicó que el reclamo no prosperó, pero se le concedió a Vick una rebaja de fianza de $200,000 a $4,000.

El FEI informó que a Vick se le permitirá viajar a su residencia en Estados Unidos. La única condición que se le impuso fue que la fianza debía ser prestada por una compañía de fianza privada.

Se le preguntó a Mendoza si era correcto que el acusado había comenzado un proceso de cooperación con el FEI. No obstante, estipuló que “no puedo comentar al respecto. Todavía no tenemos nada concreto”.

La vista preliminar contra Vick fue citada para el 15 de junio.

De ser encontrado culpable, se expone a una pena de tres años de prisión.