Un individuo que fue hallado culpable de la elaboración de un esquema de clonación de tarjetas de débito, fue condenado hoy por el juez federal Pedro A. Delgado a cinco años y cuatro meses de prisión, y otros cinco años de libertad supervisada.

El imputado fue identificado como Juan Rivera Mundo, de 27 años y vecino de Juncos. Contra Rivera Mundo pesaban cargos por robo de identidad agravado y violaciones de fraude bancario en dos casos separados, detalló la Fiscalía federal en un comunicado

Según los documentos judiciales, Rivera Mundo ideó un plan para adquirir tarjetas de débito y números PIN de particulares, a partir de transacciones legítimas con tarjetas de débito, con la ayuda de otras personas que trabajaban como cajeros en múltiples establecimientos comerciales de Puerto Rico, a las que reclutó como parte del plan. El acusado utilizaba equipos de dispositivos de acceso falsificados para “clonar” esas tarjetas de débito, y luego las utilizaba para retirar ilegalmente dinero en efectivo y realizar compras extravagantes, todo ello para su propio enriquecimiento y el de terceros.

Al hacerlo, Rivera Mundo robó números de tarjetas de débito e información de identificación personal para obtener fraudulentamente fondos bajo el control de una institución financiera asegurada por el gobierno federal. De la información suministrada por las autoridades federales, no se desprende si alguna de las personas involucradas en el esquema junto al ahora convicto, fueron arrestadas y/o acusadas en relación a estos hechos.

Según el comunicado, Rivera Mundo fue acusado originalmente el 24 de marzo de 2022, pero mientras se hallaba libre bajo fianza, volvió a las andanzas, cometiendo nuevamente delitos de ‘skimming’. Nuevamente fue arrestado y acusado por las autoridades federales el 25 de agosto de 2022 y se declaró culpable de ambos casos el 9 de noviembre de 2023.

Además de la sentencia, Rivera Mundo deberá pagar la cantidad de $18,528.60, como restitución.

Contra Rivera Mundo pesa una tercera acusación federal por conspiración para cometer fraude electrónico al solicitar un préstamo del Programa de Protección de Nómina (PPP), como parte de un esquema para defraudar y obtener dinero y propiedad de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos y de una institución financiera. Este caso está actualmente pendiente de resolución.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos investigó los casos de fraude bancario y de usurpación de identidad con agravantes y la fiscal federal Marie Christine Amy se encargó de la acusación.