Jessey Quijano Valdés, padre del infante que dio positivo a marihuana en octubre pasado luego de ser llevado de emergencia al hospital, optó por encarar juicio por negligencia y posesión de sustancias controladas, al renunciar a la vista preliminar pautada para hoy.

El juez Enrique Silva Avilés, del Tribunal de San Juan, acogió la petición del licenciado Luis Santiago González para que su cliente se allanara a los cargos imputados de violación al artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas y al artículo 59 de la Ley de Maltrato de Menores.

Silva Avilés pautó la lectura de acusación para el 26 de noviembre y el juicio para el 19 de diciembre.

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El 30 de octubre pasado, el ahora acusado, de 33 años, también se allanó a los cargos imputados en la vista de causa para arresto y salió libre bajo fianza de $6,000.

Según las denuncias del Ministerio Público, representado por la fiscal Gretchen Pérez Catinchi, a Quijano Valdés se le señala como el responsable de que su hijo de 14 meses de edad tuviera acceso a la droga. Por ello, no se presentaron cargos contra la madre del menor, Sheila Marrero Nieves.

Marrero Nieves está embarazada y trascendió que dio negativo a la prueba toxicológica que se le administró.

De acuerdo con la investigación policiaca, la pareja con domicilio en Hato Rey llamó al Sistema 9-1-1 en la madrugada del 24 de octubre, debido a que el niño llevaba durmiendo demasiadas horas corridas.

El menor, quien está bajo custodia del Departamento de la Familia a raíz del incidente, fue transportado de emergencia al Hospital Auxilio Mutuo de Hato Rey, donde se le realizó una prueba toxicológica que detectó marihuana en su organismo.

Por el cargo de posesión de sustancias controladas, el acusado se expone a una sentencia máxima de tres a cinco años de cárcel que, si no median agravantes, podría cumplirse en un programa de desvío. Mientras por el delito de maltrato de menores en su modalidad de negligencia, se expondría a pena carcelaria de uno a tres años, aunque la ley dispone la posibilidad de que se imponga una pena económica en vez de reclusión.