La exdirectora de la oficina del expulsado legislador Ramón Rodríguez Ruiz, Soniel Torres Suárez, renunció esta tarde a su derecho de enfrentar una vista preliminar para pasar directo a juicio.

La decisión la comunicó su abogado, Mario Moczó, durante lo que se suponía era el inicio de la vista preliminar en su contra ante el juez Juan A. Frau Escudero, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Torres Suárez, por su parte, indicó en corte abierta que tomó la decisión libre y voluntariamente.

De inmediato, el juez afirmó que "se estaría determinando causa probable en todos los cargos".

En total, son 10 cargos que pesan contra Torres Suárez. El principal es de fraude.

Se fijó la lectura de acusación para el 20 de febrero y el juicio para el 12 de marzo.

En un aparte con la prensa, Moczó señaló que la decisión no representa que la imputada vaya a declararse culpable, sino que desea un juicio por jurado.

“Obedece a una estrategia. No hay acuerdo, ella no se va a declarar culpable. Obedece únicamente de cuál es la mejor estrategia de yo llegar bien y preparado a ese jurado”, sentenció.

Agregó que “nosotros estamos buscando lo mejor para nuestra representaba y bajo la realidad que nosotros vamos a ver el caso eventualmente por un jurado y otras estrategias legales, que no queríamos a adelantar en la etapa de vista preliminar, pues cogimos la mejor decisión de ir directamente a juicio y tener toda la prueba documental e intentar prevalecer en esa etapa de juicio”.

Rodríguez Ruiz, por otro lado, decidió enfrentar la vista preliminar.

El proceso en su contra comenzó esta tarde con el testimonio de una empleada de la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos, Roxanne Díaz.

Se informó que otros cuatro testigos darían su testimonio mañana y el viernes, de ser necesario.

La controversia en este caso está relacionada a los alegados intentos que realizó el exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) para intervenir con oficiales de la Cámara de Representantes para obtener donativos legislativos para dos corporaciones sin fines de lucro creadas en su oficina legislativa. Estas se llaman Lazos de Amor y Futuros Deportistas.

Por los hechos, Rodríguez Ruiz y Torres Suárez fueron acusados el pasado 28 de septiembre ante juez José Parés de fraude en concierto y común acuerdo.

Un segundo cargo fue radicado contra el exrepresentante por interferencia indebida en operaciones gubernamentales.

Hoy, la testigo Díaz lo que explicó fue que a ella le correspondió analizar la petición de dinero que se hizo a favor de la organización Lazos de Amor.

De sus contestaciones se desprendió que la entidad no cumplió con los requisitos expuestos en ley para otorgarle los donativos legislativos, pues no tenía la exención contributiva otorgada por el Departamento de Hacienda.

La funcionaria dijo que, de inmediato, procedió a comunicarse con los miembros de la Junta. Explicó que de las seis personas incluidas en la petición de fondos solo una contestó. Se trató de Lymarie Aguirre.

La testigo expresó ante el juez que la mujer le “dijo que no está en la junta y que desconoce de la organización. Ahí levanté bandera, porque entonces si la persona que estaba aquí en la radicación de la propuesta me dice que ella no pertenece y tenía desconocimiento de esto, levanté bandera y hablé con mi subdirector”.

Indicó que, además, se enteró de que las personas incluidas como miembros de la organización eran residentes del edificio 10 del residencial El Cemí, en Santa Isabel.

Ante su descubrimiento, comentó que su recomendación fue que no se asignara dinero a Lazos de Amor. Sin embargo, para su sorpresa, la entidad recibió $4,000 de fondos legislativos. Se enteró cuándo obtuvo copia de la resolución que fue firmada por el gobernador el 10 de agosto de 2017.

Del testimonio de Díaz no surgió cómo la organización obtuvo una asignación de fondos. El fiscal especial independiente (FEI), Guillermo Garau, dijo a la prensa que en próximos testimonios podría salir la respuesta.

El fiscal también indicó que le es indiferente si los juicios contra Rodríguez Ruiz y Torres Suárez se realizan separados o unidos.

Por otro lado, contra Torres Suárez también pesan dos cargos de perjurio por supuestamente mentir ante la Comisión de Ética de la Cámara y ante un notario público sobre un incidente de violencia doméstica en que Rodríguez Ruiz supuestamente la agredió en el rostro. Además, se le imputan tres cargos por malversación de fondos públicos, tres cargos por falsificación ideológica y un cargo por fraude o engaño a testigo.

Los tres cargos de falsificación ideológica se le impusieron debido a que se alega preparó facturas falsas a nombre de un empleado fantasma, identificado como Gabriel Rivera González, en la oficina de Rodríguez Ruiz. Según destapó la investigación cameral, el hombre, quien logró un acuerdo de inmunidad para testificar en este proceso judicial, laboraba en la Legislatura mientras tenía un trabajo a tiempo completo en un colegio de Guayama.

Mientras, los tres cargos por malversación de fondos públicos están relacionados a los $6,000 que cobró el empleado fantasma y el de fraude o engaño a testigo a que supuestamente intentó influenciar en el testimonio que dio Rivera González al Departamento de Justicia.

La fianza impuesta a ambos fue de $30,000 a cada uno, la cual prestaron.

Cabe destacar que Rodríguez Ruiz fue expulsado el 15 de febrero del 2018 de la Cámara de Representantes bajo el alegato de que golpeó en el rostro Torres Suárez el 10 de noviembre de 2017 en el barrio Paso Seco, en Santa Isabel. Aunque este asunto fue investigado por Justicia y el FEI, no se radicaron cargos relacionados al alegado incidente.

Los fiscales este caso son Garau, Cándida Sellés y Manuel Núñez Corrada. Mientras, Rodríguez Ruiz está representado por su hermano, Luis Noel Rodríguez Ruiz, así como por los abogados Luis Pinto Andino, José Lorenzo Román y Chaka Bermúdez.