Julio C. Medina Mojica, el instructor de tiro acusado junto a cuatro sujetos por el esquema de trámite de licencias fatulas para portación de armas ligado a la armería The Lawman Gunshop, no hizo alegación de culpabilidad y decidió someterse directamente al juicio en su fondo.

La vista de alegación de culpabilidad del coacusado estaba pautada para este viernes temprano. Sin embargo, se informó por voz de su abogado, Ovidio Zayas Pérez, que se verá el juicio en su fondo.

El juez federal Francisco A. Besosa pautó el inicio del proceso judicial para el 29 de septiembre.

Según la pesquisa, Medina Mojica y el coacusado José M. Padró Colón eran instructores de tiro y supuestamente cobraban por emitir documentos para certificar que diversas personas tomaron los cursos de uso y manejo de armas, cuando en realidad nunca les ofrecieron los mismos.

Ambos individuos encaran cargos por robo de identidad agravada y producción de documentos falsos.

Los demás acusados en este caso son los dueños de la armería The Lawman Gunshop, María del Carmen Rivera Negrón y su esposo Julio Colón Santiago, y el abogado notario Antonio M. Peluzzo Perotín. Los primeros dos ya se declararon culpables.

Peluzzo Perotín fue arrestado en diciembre con 300 cargos por violaciones de falsificación de firmas de jueces, sellos y órdenes de los tribunales estatales de Aibonito, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan, además de causar u ocasionar la creación de identificaciones falsas para que sujetos porten armas de fuego, así como por violaciones de robo de identidad agravada.

Se alega que Peluzzo cobraba entre $1,000 y $1,500 para conseguir permisos de portación de armas, lo que hizo falsificando firmas de jueces y mandó a hacer un sello del tribunal en una tienda que vende artículos de oficina. De forma expedita y sin tener que ir a vistas con testigos de buena reputación, emitía las licencias de portación. Se estima que se apropió de $1.8 millones.

Bajo fianza los dueños de la armería

Por su parte, el matrimonio fue arrestado en marzo pasado y enfrentan 490 cargos por supuestamente llevar a cabo un esquema para gestionar licencias fraudulentas de portación de armas a por lo menos 1,300 personas, cobrando entre $1,000 y $1,500 por cada solicitud. Contaban con la ayuda de Peluzzo Perotín.

Se alega que diligenciaban permisos ilegalmente al tener acceso directo a la Comandancia de Bayamón, donde supuestamente llevaban "donas, pitorro y café" a cambio de su ayuda.

De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de 15 años de cárcel por la falsificación de documentos de identificación, cinco años por falsificación de documentos de tribunales, cinco años por conspiración, dos años por cada uno de los casos de robo de identidad y 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave a poseer y portar un arma de fuego.