A diario la Policía recibe entre cinco y diez llamadas de amenazas de bomba, la mayoría de las cuales nunca salen a la luz pública ni tampoco se tratan de situaciones reales. Al contrario, son bromas de mal gusto que, escúchelo bien, están contempladas en el Código Penal y conlleva pena de cárcel.  

Responder a una amenaza de bomba representa no sólo la movilización de personal de las agencias de seguridad correspondientes sino también -en la mayoría de los casos- un desembolso de dinero innecesario para poder atender el llamado. Aun así las autoridades tienen que responder, investigar y descartar cualquier situación.

Así lo explicó el capitán Rafael Romero, director de la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública de la Policía, dependencia que el miércoles tuvo que atender tres llamadas de bomba en la zona metropolitana. “Diariamente se hacen hasta diez llamadas a nivel Isla, lo que pasa es que muchas de ellas son compañías que saben qué hacer, otras son escuelas… pero siempre hay que atenderlas. La mayoría son falsas, aunque hay veces que han tenido más creatividad y han construido algo parecido a una bomba”,  indicó el oficial.

Romero explicó que es difícil hacer un estimado del dinero que se invierte en una movilización de esta magnitud, pues son varias las agencias que se activan, como lo son Emergencias Médicas, Bomberos, el Sistema de Emergencias 9-1-1, la Policía y la Unidad Canina. En algunos casos, sin embargo, el costo puede ser mínimo, ya que se trata de personal que se encuentra en funciones y equipo que es de uso común.

Detalló que la mayoría de las llamadas se reciben a través del Sistema 9-1-1 con la idea despistar. Por ejemplo, las llamadas al 9-1-1 se pueden generar a través de un teléfono pre-pagado o público que son más difíciles de intervenir debido a que se le pierde el rastro a la persona. Pero si lo hacen a través de una unidad residencial o un teléfono celular se puede investigar quién generó la llamada solicitando el registro de llamadas a través del tribunal.

El funcionario agregó que una vez se recibe la llamada a través del 9-1-1, la Policía le notifica a la empresa de la amenaza y queda a discreción de los directivos de la misma determinar si desalojan el lugar y paralizan las funciones. Algunas empresas, dijo, tienen personal entrenado para realizar este tipo de búsquedas, proceso que es supervisado por la Uniformada. De hallarse algún aparato sospechoso hay que evacuar el edificio y aquellas otras empresas o estructuras ocupadas que están en un radio de entre 300 y 500 pies. Es ahí también cuando se activan otras dependencias y cuando el incremento en gastos va creciendo.

“Se podría hablar entonces de varios miles de dólares en cuestión de personal, equipo de emergencia y lo que la compañía pierde al dejar detener sus operaciones”, expresó Romero, quien agregó que la inversión puede ser aún mayor cuando la emergencia se reporta fuera del área metropolitana, donde no hay personal activo las 24 horas y se tienen que incurrir en el pago de horas extras o en el despacho de personal al área.   

El capitán advirtió que aunque la amenaza de bomba sea falsa, el sólo hecho de generar la llamada es un delito que está contemplado en el Código Penal y que puede conllevar cárcel y la restitución al Gobierno del dinero invertido para atender la situación. “Si se detecta quién es la persona, obviamente se le va a aplicar todo el peso de la ley”, señaló el capitán que tiene a su mando sobre 60 efectivos.