Un panel del Tribunal de Apelaciones ordenó ayer al Procurador General, parte del Departamento de Justicia, que se exprese en 15 días ante los reclamos de los convictos en la llamada masacre de Trujillo Alto.

La escueta resolución es en respuesta a la moción de reconsideración y petición de reconsideración sometidas por Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Méndez Serrano, quienes cumplen 297 años de cárcel por el asesinato de Haydée Maymí y sus dos hijos en hechos ocurridos el 25 de junio de 1989.

"Se instruye a la Oficina del Procurador General presentar su posición respecto a todo lo presentado en ambas mociones", ordena la resolución firmada por los jueces Waldemar Rivera Torres, Luisa Colom García y Carlos Salgado Schwarz.

Los condenados pasaron 24 años en prisión y fueron liberados bajo fianza en el 2017, luego que la jueza Berthaida Seijo Ortiz, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, acogiera una solicitud de nuevo juicio de la defensa tras un análisis de tres pelos púbicos recuperados en la ropa interior de la víctima, al amparo de la Ley de Análisis de ADN Post- Sentencia de 2015, que develó que los vellos no son de los convictos.

Sin embargo, el foro apelativo entendió en marzo pasado que el resultado de la prueba de laboratorio no era suficiente para un nuevo juicio. “La nueva prueba que corrobora lo conocido desde el 2010 no cumple con el criterio de producir un resultado diferente a la luz de la prueba admitida durante el juicio que dio lugar a la convicción de culpabilidad como hemos discutido”, lee la sentencia del Apelativo de 56 páginas. 

Los acusados son representados por el Proyecto Inocencia, que dirige el catedrático Julio Fontanet.