La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a través de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, envió una carta de respuesta al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, en la que, además de regañarle, le exige que mejore su gestión administrativa para que pueda cumplir con las medidas fiscales establecidas.

Jaresko comienza su misiva con una lista de varias gestiones de la JSF en favor del DSP, como el pago de $122 millones cada año por tres años para cubrir viejas deudas a policías, “que no estaba en la propuesta de presupuesto del gobierno para el año fiscal 2019”, como prueba del compromiso de la JSF de apoyar la seguridad pública, al mismo tiempo que mantienen la responsabilidad fiscal.

Entonces comienza a listar lo que considera acciones desatinadas de parte del DSP, así como la falta de información correcta, transparencia y gestiones diligentes. 

Entre otras, lista que el DSP pagó unos $10 millones en Bono de Navidad, alegando que habían identificado fondos para eso, cuando “aparentemente ese no era el caso, puesto que ahora está diciendo que esos valiosos fondos para pagar a personal son necesarios para cubrir otros gastos de personal”, como los $1.6 millones que solicitó para el Negociado de Ciencias Forenses. 

Continúa que la JSF estableció el Plan Fiscal en conjunto con el Gobierno, y que en el caso del Negociado de la Policía, recibieron un plan de reorganización del Gobierno que sirvió de base para el plan fiscal certificado y presupuesto certificado. Sin embargo, Pesquera le dijo a la JSF en agosto de 2018 que no sabía de ese plan.

“Tengo que reiterar la importancia de que exista una coordinación dentro del gobierno para que este proceso funcione”, reclama Jaresko.

La directora ejecutiva asegura estar “perpleja ante su insistencia de que cumple con Plan Fiscal Certificado, cuando ha sometido apenas un plan de implementación dentro del DSP, el del negociado de la Policía”, e incluso ese plan contiene cambios específicos que deben gestionarse e implementarse, como la utilización de más civiles en trabajos que en los que no se requiera usar oficiales de policía, así como la consolidación y reducción de unidades cuyas funciones estén duplicadas o cubiertas por otra agencia.

“Usted no ha implementado plan alguno para ninguna de las otras seis agencias bajo el DSP”, afirma Jaresko. “Sin esos planes… no se puede determinar si están cerca, lejos, o siquiera al tanto de sus responsabilidades fiscales y de transformación”.

Asimismo, Jaresko le reclama a Pesquera una falta de transparencia y pone como ejemplo que a pesar que se asignó un aumento de salario de $1,500 para 13,000 agentes, “tan reciente como el pasado 5 de febrero” no pudieron ofrecer la cifra exacta de cuántos oficiales tenían para el 1 de julio de 2018, y cuántos recibieron el aumento de salario.

En sus conclusiones, Jaresko expresa que “es fácil, y hasta popular, culpar a la JSF por todos los problemas fiscales de Puerto Rico, y acusarnos de que trabajamos en favor de los intereses de los acreedores”, pero la JSF tiene “un rol y propósito claramente delineado en la ley, y solo está enfocada en ese mandato: ‘lograr una responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital’”.

“Nuestros esfuerzos conjuntos para lograr responsabilidad fiscal, transparencia y buena gobernanza garantizarán que la seguridad pública esté debidamente financiada… El pueblo de Puerto Rico merece el resultado de nuestra estrecha colaboración para lograr este mandato”.

El texto completo de la carta de Jaresko está disponible en el portal electrónico de la JSF.