La crisis política venezolana enfrentaba el domingo una prueba de fuego con la elección de los 545 delegados de la Asamblea Constituyente, una votación promovida por el presidente Nicolás Maduro para consolidar su poder en medio del llamado a protestas de la oposición y la amenaza de sanciones estadounidenses. 

Unos 19.4 millones de venezolanos podían participar en la votación que arrancó pasadas las 6 de la mañana y que se extendería por al menos doce horas. 

Entre los primeros votantes estuvo Maduro, quien al amanecer acudió acompañado de la primera dama y candidata a constituyente, Cilia Flores, a un centro electoral del oeste de la capital. 

"Estoicamente aguantamos la campaña mundial. Estoicamente aguantamos la violencia terrorista y criminal", dijo Maduro al desestimar las presiones internas y los cuestionamientos internacionales que enfrentó su iniciativa. "Ojalá el mundo extienda sus brazos de respeto hacia nuestra patria", agregó. 

"No hay poder sobre la tierra que le pueda impedir al pueblo de Venezuela que ejerza hoy derecho democrático a elegir", indicó el gobernante al llamar a sus seguidores a salir a votar para activar la Asamblea Constituyente, que aseguró que abrirá "una nueva era de lucha, de paz, de amor y de unión entre los venezolanos". 

Bajo el sonido de fuegos artificiales, decenas de personas salieron antes del amanecer hacia algunos centros de votación en la capital para participar en la elección. Para esta consulta fueron habilitados en Caracas y los 23 estados unos 14,515 centros de votación. 

Unos 5,500 candidatos, incluidos el vicepresidente del partido oficialista, el diputado Diosdado Cabello; la ex canciller Delcy Rodríguez y Flores competirán en esta consulta para elegir 545 constituyentes territoriales y sectoriales. La oposición no inscribió candidatos para el proceso, lo que dejó abierto el camino para que el oficialismo domine la asamblea. 

La elección se da en un contexto de creciente tensión luego de 120 días de protesta antigubernamentales, que han dejado 114 muertos, y el llamado que realizó la coalición opositora a tomar el domingo las principales vías del país en rechazo a la iniciativa de Maduro. 

Durante los últimos dos meses la oposición intensificó las acciones de protesta para tratar de frenar la Asamblea Constituyente, que considera un "fraude constitucional" porque se hizo sin llamar previamente a un referendo consultivo como el realizado en 1999. En un último esfuerzo, la alianza realizó el 16 de julio un simulacro de votación en el que 7.5 millones de venezolanos rechazaron el proceso para reescribir la constitución. 

Pese a las presiones internas y los llamados que hicieron varios países, entre ellos Estados Unidos, a que se suspendiera la Asamblea Constituyente, bajo el riesgo de posibles sanciones económicas, Maduro siguió adelante con la iniciativa. 

Los detractores del proceso aseguran que el oficialismo utilizará la Asamblea Constituyente para perpetuarse en el poder, en medio de un creciente descontento, y para tomar el control de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General, que están enfrentados al gobierno. 

Maduro adelantó la víspera que una de las primeras tareas de los constituyentes será la "transformación" del Ministerio Público, y reiteró las amenazas de que irán a prisión los dirigentes opositores que han promovido los hechos de violencia en los últimos meses. 

"Lo que salga del fraude... ya nació muerto", afirmó el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, al llamar a los venezolanos a no participar en la consulta. 

En abierto reto al oficialismo, que aseguró que la nueva estructura tendrá supra poderes sobre el resto de los poderes públicos, Borges indicó que el Legislativo seguirá sesionando y ejerciendo sus funciones tras la instalación en agosto de la Asamblea Constituyente. 

El analista político Edgar Gutiérrez dijo a The Associated Press que esta votación "escalará" el conflicto interno ante el rechazo que tiene la reforma de la constitución, que según un reciente estudio de la encuestadora local Datanálisis alcanza a 72%, y la posible persecución y encarcelamiento de algunas figuras de la oposición y la disidencia oficialista. 

Los analistas temen que las eventuales sanciones económicas de Estados Unidos agravará la crisis económica que padecen los venezolanos con una galopante inflación de tres dígitos; una severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos; y una contracción que el Fondo Monetario Internacional estima que alcanzará este año 12%.