Los países de la Unión Europea (UE) llegaron este miércoles a un acuerdo político para imponer más sanciones a Bielorrusia por su cooperación con Rusia para invadir a Ucrania, que incluyen medidas restrictivas contra varias personas y también contra sectores económicos.

Los embajadores de los Veintisiete, reunidos en el Comité de Representantes Permanentes de la UE, dieron su visto bueno a este nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia, que entrará en vigor una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Unión.

En concreto, se impondrán nuevas sanciones a funcionarios y militares bielorrusos implicados en la agresión rusa contra Ucrania, especificó la presidencia francesa de turno del Consejo de la UE, a través de su perfil oficial en Twitter.

Además, indicó que las medidas restrictivas también se centrarán en ciertos sectores de la economía bielorrusa, en particular los de la madera, el acero y el potasio.

La UE había advertido de que impondría más sanciones a Bielorrusia por su papel en la invasión de Ucrania, ya que ha permitido que tropas rusas utilicen su territorio para agruparse y cruzar su frontera hacia territorio ucraniano.

Igualmente, ha condenado que Bielorrusia haya puesto fin la semana pasada a su neutralidad nuclear a través de un referendo constitucional que la UE no ha considerado democrático, un paso que, para Bruselas, es la antesala de que Rusia coloque sus armas atómicas en su territorio.

Tras las elecciones de agosto de 2020 en Bielorrusia que volvió a ganar su presidente, Alexandr Lukashenko, y que la UE no consideró justas ni libres, y la consecuente represión violenta de manifestantes, los Veintisiete empezaron a imponer sanciones a ese país que se han ido completando posteriormente con más rondas.

Entonces, las medidas restrictivas empezaron a responder a la táctica bielorrusa de fomentar el paso irregular de migrantes por sus fronteras con la Unión, a fin de desestabilizar políticamente a la UE.

Las medidas restrictivas incluyeron al propio Lukashenko y a sectores económicos bielorrusos.

La quinta ronda de sanciones que la UE aprobó contra Bielorrusia a finales del pasado año, afectaba a miembros prominentes del poder judicial, incluido el Tribunal Supremo y el Comité de Control del Estado, así como a los medios de propaganda, que contribuyen a “que continúe la represión de la sociedad civil, la oposición democrática, los medios de comunicación independientes y los periodistas”, según los europeos.

Igualmente, iba dirigida a funcionarios de alto rango del régimen y a empresas como la aerolínea Belavia, operadores turísticos y hoteles que a juicio de los Veintisiete habían “ayudado a incitar y organizar cruces fronterizos ilegales a través de Bielorrusia hacia la UE”, y que de esa manera “participaron en la instrumentalización de la migración con fines políticos”.